La indiferencia letal, que está aumentando el riesgo de escalada de conflictos territoriales en Edomex
Toluca, Estado de México, 24 de octubre de 2025.- En el corazón del Estado de México, donde las fronteras municipales deberían ser simples líneas administrativas y no trincheras de conflicto, una serie de disputas territoriales ha escalado hasta niveles preocupantes. Lo que empieza como un desacuerdo por hectáreas de tierra termina, con frecuencia, en enfrentamientos violentos, patrullas destruidas y comunidades en tensión.
Y en el centro de esta espiral de desorden se encuentra Horacio Duarte Olivares, secretario de Gobierno estatal, cuya aparente pasividad frente a la crisis ha encendido las alarmas entre alcaldes y ciudadanos. Su falta de respuesta oportuna, más que contener el conflicto, parece avivarlo, dejando al descubierto una preocupante ausencia de autoridad en uno de los cargos más sensibles del gabinete mexiquense.
Disputas territoriales que se transforman en violencia
El 2 de agosto de 2025, en la zona conocida como La Venecia, entre Cuautitlán y Teoloyucan, un contingente policial de Cuautitlán —respaldado por su alcaldesa Juanita Carrillo— ingresó a un centro de distribución industrial para “ejercer actos de gobierno”.
Lo que siguió fue un episodio de violencia: disparos al aire, dos policías heridos, patrullas dañadas y pobladores expulsando a los agentes con una furia contenida durante años. No fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una disputa por más de 400 hectáreas con potencial para desarrollo industrial, un terreno donde convergen intereses económicos, políticos y sociales.
Apenas unas semanas después, otro enfrentamiento en la misma franja limítrofe repitió el patrón: clausuras unilaterales, protestas y la intervención tardía del gobierno estatal, cuando el conflicto ya había escalado.
La crisis de autoridad en el Gobierno estatal
La situación alcanzó un nuevo nivel el 15 de septiembre, durante las celebraciones patrias en el fraccionamiento Santa Elena. Policías de Cuautitlán y Tultepec se enfrentaron a golpes, pedradas y disparos, lo que obligó a suspender la ceremonia del Grito de Independencia. Los videos del altercado circularon ampliamente, exhibiendo la ausencia de una intervención preventiva del Estado.
No se trata de incidentes fortuitos. Presidentes municipales han solicitado en repetidas ocasiones mesas de diálogo y mediación ante la Secretaría de Gobierno, sin recibir respuesta. Según diversas fuentes, Duarte ha faltado a reuniones clave y, en los encuentros que sí ha encabezado, se limita a declaraciones genéricas sobre “coordinación” y “paz social” sin acciones concretas que respalden sus palabras.
Efectos en cadena: agua, límites y descontento
Las consecuencias de esta omisión no se limitan al norte del estado. En junio, una disputa entre Cuautitlán y Melchor Ocampo por una compuerta de agua generó riesgo de inundaciones. En septiembre, Teoloyucan pidió la intervención del Congreso local por una nueva disputa vecinal. Y en octubre, bloqueos por desabasto hídrico en San Mateo Ixtacalco afectaron a miles de familias.
Cuatro conflictos mayores en lo que va del año —todos relacionados con límites municipales o recursos compartidos— revelan un patrón preocupante: la falta de conducción política y mediación efectiva desde el gobierno estatal.
Negligencia o cálculo político
Más allá de la ineficacia administrativa, varios observadores apuntan a un trasfondo económico. Las zonas en disputa coinciden con corredores industriales estratégicos, donde la plusvalía del suelo y los derechos de agua representan ganancias millonarias.
En este contexto, la Comisión de Límites Territoriales del Congreso mexiquense acumula más de 20 casos pendientes sin que la Secretaría de Gobierno impulse su resolución. Esta inacción, lejos de garantizar estabilidad, fomenta un clima de impunidad y desconfianza, donde las policías locales actúan como milicias rivales y los ciudadanos quedan atrapados entre intereses cruzados.
La indiferencia de Horacio Duarte no puede seguir interpretándose como prudencia. Su silencio, en medio de una escalada evidente, equivale a complicidad con la descomposición institucional.
Si el gobierno de Delfina Gómez Álvarez aspira a preservar la gobernabilidad del Estado de México, deberá revisar con seriedad el papel de su secretario de Gobierno. La paz social no se construye con discursos ni evasivas, sino con decisiones firmes y acciones inmediatas.
