Investigación de la Fiscalía del Estado de México: Agentes acusados de «sembrar droga» en Operativo Atarraya
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra inmersa en una investigación por presuntas irregularidades cometidas por sus propios agentes durante el denominado «Operativo Atarraya». Este operativo, diseñado para combatir la delincuencia en barberías y estéticas sospechosas de ser fachadas para actividades ilícitas, ha sido puesto en entredicho tras la difusión de varios videos en redes sociales que muestran lo que parece ser la «siembra» de drogas por parte de los agentes de la fiscalía.
Iniciado en diciembre de 2024, el Operativo Atarraya se ha extendido por varios municipios del Estado de México con el objetivo de desarticular redes delictivas que operan bajo la cobertura de establecimientos de belleza. La fiscalía ha justificado estas acciones basándose en un aumento significativo de la actividad criminal en estos locales, que incluyen desde el tráfico de drogas hasta homicidios y feminicidios.
La controversia se desató cuando comenzaron a circular en redes sociales una serie de videos donde se observa a agentes uniformados, presumiblemente de la FGJEM, dejando caer pequeñas bolsas con lo que parece ser droga en barberías durante los operativos.
Estos materiales audiovisuales, captados por cámaras de seguridad de los establecimientos, han generado una ola de indignación y protestas por parte de los propietarios afectados, quienes denuncian abuso de autoridad y extorsión.
Ante la evidencia presentada, la FGJEM ha reaccionado finalmente separando de sus cargos a dos funcionarios directamente involucrados en el operativo en la delegación de Santiago Miltepec, municipio de Toluca. Uno de los separados es un Agente del Ministerio Público y el otro, un Comandante de la Policía de Investigación. La fiscalía ha anunciado una investigación de oficio, prometiendo esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, según comunicados oficiales.
Además, la FGJEM ha negado que exista algún cobro por la devolución de los inmuebles asegurados, invitando a los afectados a denunciar cualquier intento de extorsión o irregularidad. La institución ha sostenido reuniones con propietarios de los establecimientos afectados, buscando dar seguimiento a las quejas y asegurar que no se cometan actos arbitrarios.
