Quién es Hugo Aguilar Ortiz, el mixteco que encabeza votación para la SCJN, pero enfrenta acusaciones de comunidades indígenas
El 1 de junio de 2025, México vivió una jornada histórica con la primera elección popular para seleccionar a los integrantes del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con un avance del 97.2361% en el conteo de votos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de Oaxaca, se perfila como el candidato más votado con 5,295,364 sufragios, equivalentes al 5.2039% del total. Esto lo posiciona como el virtual presidente de la SCJN para los próximos dos años, un hito que marcaría la llegada de un indígena al máximo tribunal desde Benito Juárez en 1857.
Sin embargo, su ascenso no está exento de controversia, ya que diversas voces, incluidas algunas comunidades indígenas, han señalado contradicciones en su trayectoria como defensor de los derechos de los pueblos originarios.
Perfil de Hugo Aguilar Ortiz: un abogado con raíces indígenas
Hugo Aguilar Ortiz, nacido en 1973 en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, es un abogado con más de 30 años de trayectoria profesional, centrada en la defensa de los derechos indígenas y agrarios.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), cuenta también con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la misma institución, aunque aún no ha concluido su titulación. Actualmente, ocupa el cargo de coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), posición que asumió en 2018 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Su campaña para la SCJN, bajo el lema “¡Ya nos toca!”, se centró en promover una justicia pluricultural, cercana a la ciudadanía y libre de formalismos. Propuso un enfoque multidisciplinario que considere los contextos de las comunidades.
También ha representado a comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aunque él afirmó en su currículum que fue asesor del EZLN en los diálogos de San Andrés, esto ha sido negado por periodistas e investigadores que han seguido de cerca el proceso, lo cual ha desatado controversia, pues puedo haber incluido méritos imprecisos en su ficha curricular oficial como candidato.
Controversias y acusaciones desde los pueblos indígenas
A pesar de su imagen como defensor de los derechos indígenas, Hugo Aguilar Ortiz enfrenta críticas severas que cuestionan su compromiso con las comunidades que dice representar. Estas acusaciones se centran en tres áreas principales: su papel en elecciones locales controvertidas, su exclusión inicial de la lista de aspirantes a la SCJN y, sobre todo, su participación en los procesos de consulta para macroproyectos como el Tren Maya, que han sido señalados como violatorios de los derechos indígenas.
En 2018, Aguilar fue acusado de avalar una elección municipal en Reyes Etla, Oaxaca, que diversas comunidades denunciaron por irregularidades.
Como titular de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (2016-2018), su decisión generó críticas por presuntamente favorecer intereses políticos sobre los derechos de las comunidades. Este episodio levantó dudas sobre su imparcialidad y su capacidad para priorizar la justicia indígena frente a presiones externas.
La controversia más grave en torno a Hugo Aguilar Ortiz radica en su rol como coordinador general de Derechos Indígenas en el INPI, donde supervisó los procesos de consulta para proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Estas consultas han sido ampliamente criticadas por comunidades indígenas, activistas y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por no cumplir con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones
El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre, informada y de buena fe antes de que se implementen proyectos que afecten sus territorios. En el caso del Tren Maya, un proyecto emblemático del gobierno de López Obrador, las consultas coordinadas por Aguilar han sido descritas como “amañadas” y “exprés” por diversas fuentes.
Según reportes de organizaciones de DDHH, solo el 0.5% de la población indígena de las regiones afectadas participó en estas consultas, lo que pone en duda su representatividad. La OACNUDH señaló que los procesos no fueron ni libres ni informados, ya que no se proporcionó información adecuada sobre los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto.
Las comunidades indígenas de la Península de Yucatán, particularmente las mayas, denunciaron que no se les informó sobre las consecuencias negativas del Tren Maya, como la deforestación, la contaminación de cenotes y la afectación a sitios arqueológicos.
Organizaciones como el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar han acusado al INPI, bajo la coordinación de Aguilar, de manipular las consultas para obtener un respaldo superficial que legitimara el proyecto, ignorando las objeciones de las comunidades. Estas críticas se extienden al Corredor Interoceánico, donde se reportaron tácticas similares para acelerar la aprobación sin un diálogo genuino.
El Tren Maya, declarado de “seguridad nacional” por el gobierno federal en 2021 y 2023, ha generado impactos significativos en los territorios indígenas. Estudios de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han documentado la tala de más de 3 millones de árboles, la afectación de ecosistemas frágiles y el desplazamiento de comunidades sin una compensación adecuada.
Las comunidades mayas han denunciado que el proyecto amenaza su derecho al agua, la biodiversidad y su patrimonio cultural, ya que atraviesa zonas arqueológicas sin estudios suficientes de impacto. La falta de transparencia en las consultas, según la OACNUDH, violó el derecho de los pueblos a participar en decisiones que afectan su territorio y modo de vida.
Aguilar, como responsable de las consultas, ha sido señalado como un facilitador de estas violaciones. Posts en X lo describen como un “manipulador” que dio “atole con el dedo” a las comunidades, priorizando los intereses del gobierno sobre los derechos indígenas. Estas acusaciones se agravan por su cercanía con el gobierno de Morena, lo que ha llevado a críticos a cuestionar si su candidatura a la SCJN es un premio por su lealtad política más que un reconocimiento a su trayectoria.
Implicaciones para la SCJN y la justicia indígena
La elección de Hugo Aguilar Ortiz como probable presidente de la SCJN representa una paradoja. Por un lado, su origen mixteco y su discurso sobre una justicia pluricultural ofrecen una oportunidad histórica para visibilizar a los pueblos indígenas en el máximo tribunal. México, con un 19% de su población identificada como indígena según el censo de 2020, podría beneficiarse de un enfoque judicial que incorpore los sistemas normativos internos y los derechos colectivos. Sin embargo, las acusaciones en su contra plantean serias dudas sobre su capacidad para actuar con independencia y priorizar los intereses de las comunidades sobre los del gobierno.
Las críticas por su papel en el Tren Maya y otros macroproyectos sugieren que Aguilar podría haber comprometido los principios de autodeterminación y consulta previa que dice defender. Si Aguilar asume la presidencia, enfrentará el desafío de demostrar que puede impartir justicia imparcial, especialmente en controversias que involucren conflictos entre el gobierno y los pueblos indígenas.
