¿Red de extorsión en el Gobierno del Estado de México? Denuncian cobros de hasta 100 mil pesos por plazas
Toluca, Estado de México, 13 de febrero 2026.- En medio de un mercado laboral altamente competitivo, surgieron denuncias sobre un supuesto esquema de extorsión dirigido a personas que buscan empleo en el Gobierno del Estado de México.
De acuerdo con los señalamientos surgidos tras denuncias de testigos, aspirantes a distintas dependencias habrían sido contactados con la promesa de obtener una plaza segura a cambio de pagos que alcanzarían hasta 100 mil pesos. Tras realizar los depósitos, las víctimas no recibirían el empleo ofrecido y, además, serían amenazadas para evitar que denuncien.
Hasta el momento, no se han informado posturas oficiales sobre el caso.
Así operaría el mecanismo
El esquema comenzaría cuando los interesados entregan su currículum y datos personales al postularse a vacantes, principalmente en áreas relacionadas con educación y gobierno.
Posteriormente, presuntos responsables utilizan esa información —direcciones, correos electrónicos y números telefónicos— para establecer contacto directo con los aspirantes.
En las conversaciones, se mencionaría el nombre de funcionarios de alto nivel, como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, con el fin de generar confianza y credibilidad.
A cambio del supuesto “trámite” o “gestión”, se solicitarían sumas elevadas de dinero. Una vez efectuado el pago, el puesto prometido no se concreta.
Personas señaladas y alcance estimado
En los reportes se menciona a tres personas identificadas como Jorge Casasola, Fernando Garfias y Evelyn Itzel, quienes laborarían en la Secretaría General de Gobierno. Esta dependencia es señalada como el punto donde presuntamente se articula el esquema.
Se estima que al menos 250 personas habrían sido afectadas. En varios casos, las familias habrían contraído deudas para cubrir los montos exigidos.
Impacto económico y temor entre las víctimas
Más allá de las pérdidas económicas, los denunciantes refieren un clima de intimidación. Tras descubrir el engaño, algunas personas habrían recibido amenazas para impedir cualquier intento de denuncia pública o legal.
Este contexto genera preocupación sobre posibles vulnerabilidades en los procesos de contratación pública, donde la expectativa de estabilidad laboral puede convertirse en un factor de riesgo frente a prácticas fraudulentas.
Sin investigaciones confirmadas hasta ahora
Hasta la fecha no se han reportado investigaciones formales ni acciones disciplinarias en relación con los señalamientos.
La ausencia de información oficial mantiene el caso en un terreno de incertidumbre, lo que podría afectar la confianza de ciudadanos interesados en participar en procesos legítimos de reclutamiento dentro del Estado de México.
