EEUU va por 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’
30 de abril 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación ante una corte federal en Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya. La solicitud busca su detención provisional con fines de extradición.
De acuerdo con la imputación, los señalados habrían colaborado con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, ligada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
Acusaciones: narcotráfico, sobornos y protección institucional
La acusación sostiene que los implicados habrían participado en una red para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. A cambio, presuntamente recibían sobornos y ofrecían protección desde cargos públicos.
Entre los delitos señalados destacan:
- Conspiración para importar narcóticos
- Delitos relacionados con armas de uso militar
- En un caso, secuestro con resultado de muerte
Las penas podrían alcanzar cadena perpetua, con mínimos obligatorios elevados en varios de los cargos.
Quiénes son los señalados
La acusación incluye a funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles en Sinaloa, señalados por presuntas acciones de colaboración, protección o encubrimiento:
- Rubén Rocha Moya: gobernador de Sinaloa, acusado de presunta protección al grupo criminal y de haber recibido apoyo durante su proceso electoral.
- Enrique Inzunza Cázarez: senador y exsecretario general de Gobierno, señalado como posible enlace entre autoridades y el grupo delictivo.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: alcalde de Culiacán, señalado por presuntamente permitir la operación del cártel sin intervención significativa.
- Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal estatal, acusado de presuntamente filtrar información y brindar protección a cambio de pagos.
- Marco Antonio Almanza Avilés: mando policial, señalado por presunta colaboración con la organización criminal.
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”): mando policial, acusado de recibir sobornos y apoyar operaciones ilícitas.
- Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública, señalado por presunta participación en esquemas de protección.
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): mando policial, acusado de colaborar con el grupo delictivo mediante filtración de información.
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, señalado por presunta participación en secuestros y homicidios.
Sin detenidos y solicitudes en revisión
Hasta hoy, ninguno de los señalados ha sido detenido en México. Las solicitudes de extradición fueron recibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.
La Cancillería indicó que la documentación inicial enviada por Estados Unidos no contiene pruebas suficientes para justificar detenciones provisionales. Por ello, la FGR abrió una investigación para determinar si existen elementos que respalden la petición.
Respuesta del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habló con el gobernador Rocha Moya y señaló que, sin pruebas, no habría motivo para preocuparse.
Subrayó que el gobierno federal no encubrirá a nadie, pero insistió en que se requieren pruebas contundentes para proceder legalmente. También advirtió que, si no se presentan evidencias claras, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
Además, expresó inconformidad porque la acusación se hiciera pública poco después de la solicitud formal, lo que —dijo— podría contravenir el carácter reservado de estos procesos. México enviaría un posicionamiento diplomático al respecto.
Postura de los implicados y estado del caso
Los señalados han rechazado las acusaciones y las califican como infundadas.
El proceso se encuentra en una etapa inicial. La FGR deberá verificar si se cumplen requisitos como la doble incriminación y el respeto a la presunción de inocencia. La resolución podría tomar semanas o meses, dependiendo de si se aportan nuevas pruebas.
El caso ocurre en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos frente al tráfico de fentanilo y la violencia del crimen organizado. Su evolución podría incidir en los mecanismos de extradición y coordinación en materia de seguridad entre ambos países.
