julio 8, 2026

Alcalde de Zinacantepec responde a la Síndica sobre bienes inmuebles

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7 de julio 2026, Zinacantepec, Estado de México.- El gobierno municipal de Zinacantepec salió este martes a desmentir, en conferencia de prensa, que exista una denuncia penal en contra del presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, luego de que en días recientes circularan en redes sociales y algunos medios digitales versiones que lo vinculaban a un presunto desvío de recursos.

Según los tres funcionarios que ofrecieron la rueda de prensa, la denuncia presentada un día antes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no señala al alcalde, sino que fue interpuesta por la propia síndica municipal, María Félix González Zepeda, quien figura como víctima y no como denunciante contra un tercero identificado.

Una carátula, dos lecturas distintas

El primero en tomar la palabra fue un funcionario del ayuntamiento quien abrió el evento explicando el motivo del encuentro con la prensa: aclarar, dijo, la «tendenciosa» interpretación que algunos espacios digitales le dieron a la denuncia. Según su exposición, la carátula del documento presentado ante la fiscalía identifica como víctima a la propia síndica y como denunciado a «quien resulte responsable», una fórmula legal que, subrayó, no equivale a señalar directamente al alcalde.

El reclamo de fondo, explicó, gira en torno a la regularización de bienes inmuebles municipales, un trámite que —según argumentó citando la fracción VIII del artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México— corresponde por ley a la sindicatura y no al presidente municipal. «Si ellos quieren que se investigue a quien omitió la regularización, pues sería a la síndica», planteó, invirtiendo así el señalamiento original.

Veinticuatro inmuebles, en su mayoría donados por desarrolladores

De acuerdo con la explicación oficial, los bienes en disputa —24 en total— corresponden en su gran mayoría a donaciones hechas por desarrolladores de conjuntos habitacionales, una obligación que el Estado de México impone a quien recibe autorización para construir fraccionamientos, como parte del equipamiento urbano que debe cederse al municipio.

Entre ellos se cuentan escuelas primarias y delegaciones municipales ya en uso por la población, además de dos casos particulares: una Casa de Día donada por el comisariado ejidal de San Juan de las Huertas y el terreno del telebachillerato de San Pedro Tejalpa, plantel que ya cuenta con aulas construidas y donde actualmente se edifican los sanitarios.

Las precisiones jurídicas del secretario del ayuntamiento

El secretario del ayuntamiento, Gabriel Valdés Albarrán, tomó después la palabra para entrar en el detalle administrativo. Explicó que 22 de los 24 inmuebles corresponden a donaciones derivadas de conjuntos urbanos, reguladas por el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y por los acuerdos de autorización publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, documentos de carácter público. Los dos restantes son, precisamente, la Casa de Día de San Juan de las Huertas y el predio del telebachillerato de San Pedro Tejalpa.

Según el secretario, el procedimiento para dar de alta estos bienes pasó primero por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles —integrado por tesorería, el área jurídica y el órgano interno de control, entre otros— en una sesión celebrada el 24 de junio, en la que la síndica estuvo presente junto con sus asesores legales sin manifestar objeción alguna sobre la documentación presentada. Posteriormente, dijo, se negó a firmar el acta de esa sesión. El expediente pasó después a votación del cabildo, donde —de acuerdo con el secretario— fue aprobado por unanimidad, con el voto a favor de la propia síndica.

Valdés Albarrán también hizo referencia a un comentario de la síndica en una transmisión en vivo, en el que ella atribuyó el impulso de este proceso a una sugerencia de un regidor. El funcionario señaló que ese regidor sería Ernesto Palma Mejía, tercer regidor del cabildo, quien ya se había desempeñado como síndico municipal en dos ocasiones anteriores y, dijo, conoce bien el procedimiento legal correspondiente.

El mensaje del alcalde: negativa categórica y conferencias semanales

Al cierre de las intervenciones, el propio Manuel Vilchis Viveros tomó el micrófono para negar de manera categórica cualquier intento de adjudicarse de forma ilícita bienes del municipio. Sostuvo que la regularización de los inmuebles es una iniciativa que su administración impulsa desde 2022 y que, pese a que la atribución legal corresponde a la sindicatura, fue él mismo quien pidió al secretario del ayuntamiento activar el procedimiento ante el comité de bienes para someterlo al cabildo.

El alcalde adelantó que su gobierno evalúa dar vista a la Contraloría del Poder Legislativo sobre la actuación de la síndica, para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades. Como parte de este anuncio, informó que a partir de esta fecha ofrecerá una conferencia de prensa semanal para transparentar los avances de la administración de cara al proceso electoral de 2027.

Lo más relevante de las preguntas de los periodistas

Durante la ronda de preguntas, los reporteros presentes indagaron principalmente en dos direcciones: si el conflicto tiene un trasfondo político de cara a las elecciones del próximo año, y qué tipo de consecuencias legales podría enfrentar la síndica. Sobre lo primero, tanto el alcalde como el secretario coincidieron en que se trata de un ataque con motivaciones electorales, aprovechando un contexto estatal marcado por acusaciones contra otros alcaldes mexiquenses.

Sobre las posibles sanciones, el alcalde evitó precisar alcances y remitió esa determinación a la Contraloría del Poder Legislativo y, en su caso, a la Fiscalía del Estado de México, ante la cual dijo que su gobierno presentará pruebas. En este punto, tanto él como el secretario aludieron a una persona cercana a la síndica —con trayectoria previa como regidor y en dos ocasiones como legislador— a quien atribuyeron ser el promotor de las acusaciones, aunque no ofrecieron datos suficientes para confirmar con precisión de quién se trataba.

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