Ismael «El Mayo» Zambada busca negociar y evitar la pena de muerte
24 de febrero 2025.- Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y una figura legendaria en el mundo del narcotráfico, se encuentra en el centro de una tormenta judicial desde su captura en julio de 2024 en un aeródromo de Nuevo México. A sus 77 años, el capo mexicano enfrenta un proceso en Estados Unidos que podría culminar en la pena de muerte, un castigo que la Fiscalía de Nueva York ha considerado debido a la gravedad de los 17 cargos en su contra, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y asesinatos relacionados con el tráfico de fentanilo. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido indicios de que Zambada está explorando estrategias para evitar este destino, ya sea mediante negociaciones con las autoridades estadounidenses o apelando a la intervención del gobierno mexicano.
Desde su detención, que él mismo calificó como un «secuestro» perpetrado por Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio «El Chapo» Guzmán, Zambada ha mantenido una postura combativa. En agosto de 2024, publicó una carta en la que denunció haber sido engañado y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense, un relato que desató especulaciones sobre posibles traiciones internas en el Cártel de Sinaloa y tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, su enfoque parece haber evolucionado. A finales de febrero de 2025, una nueva carta dirigida al Consulado de México en Nueva York reveló una solicitud formal de repatriación, en la que exigía al gobierno de Claudia Sheinbaum intervenir para proteger sus derechos como ciudadano mexicano y evitar que se le imponga la pena capital.
En este escrito, Zambada argumentó que su traslado a Estados Unidos fue ilegal y que el proceso en su contra viola la soberanía mexicana. Advirtió que, de no actuar, México podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que otros ciudadanos, incluidos políticos y funcionarios, sean capturados y juzgados en el extranjero sin consecuencias. «Si el Gobierno de México no actúa, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda», afirmó, instando a una intervención «inmediata y contundente» para garantizar que Estados Unidos no aplique esta sanción.
Aunque Sheinbaum confirmó que la solicitud está siendo analizada por la Fiscalía General de la República, su respuesta ha sido cautelosa, enfatizando que el caso trasciende la persona de Zambada y toca cuestiones de soberanía nacional.
Paralelamente, han surgido reportes de que «El Mayo» estaría dispuesto a negociar con las autoridades estadounidenses. Según declaraciones recientes de su abogado, Frank Pérez, Zambada estaría considerando declararse culpable de ciertos cargos a cambio de una garantía de que no enfrentará la pena de muerte. Esta posibilidad, que comenzó a circular con fuerza el 24 de febrero de 2025, sugiere un cambio de estrategia: evitar un juicio prolongado y potencialmente devastador, tanto para él como para las redes que aún podrían estar bajo su influencia. Pérez ha indicado que su cliente, consciente de su edad y estado de salud, prefiere una resolución que le permita pasar sus últimos años en prisión en lugar de arriesgarse a una ejecución.
La idea de una negociación no es nueva. Desde su arresto, analistas han especulado que Zambada, con décadas de conocimiento sobre las operaciones del narco y sus nexos con políticos y autoridades, podría ofrecer información valiosa a cambio de clemencia. Algunos expertos sugieren que está jugando en dos frentes: por un lado, presionando a México para que lo reclame como una forma de eludir el juicio en Nueva York; por otro, explorando un acuerdo con Estados Unidos que le permita salvar la vida.
Sin embargo, las opciones de Zambada están lejos de ser seguras. En Estados Unidos, la decisión de buscar la pena de muerte recae en última instancia en el fiscal general, y aunque Nueva York abolió este castigo a nivel estatal en 2004, los cargos federales relacionados con el fentanilo —una droga que ha causado decenas de miles de muertes— podrían justificar su aplicación. Mientras tanto, en México, la respuesta del gobierno podría estar limitada por las presiones diplomáticas de Washington, especialmente en un contexto donde Donald Trump, recién iniciado su segundo mandato, ha intensificado su retórica contra los cárteles, designándolos como organizaciones terroristas.
