Una década sin justicia; periodista Indalecio Benítez exige respuestas
Toluca, Estado de México, 14 de abril 2025.- Han pasado más de diez años desde aquel trágico agosto de 2014, cuando un grupo armado irrumpió violentamente en el hogar de Indalecio Benítez Mondragón, en Luvianos, Estado de México, donde operaba la radio comunitaria «La Calentana Mexiquense». En el ataque, su hijo de 12 años, Juan Diego Benítez, perdió la vida. Desde entonces, el periodista y director de la emisora ha enfrentado un calvario de omisiones, opacidad y negligencia por parte de las autoridades encargadas de investigar el caso y atender a las víctimas.
Cansado de la indiferencia institucional, Benítez, respaldado por la Asociación Civil Propuesta Cívica, ha presentado una queja formal ante la Visitaduría de Atención a Personas Migrantes, Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).
La queja expone un cúmulo de irregularidades en el proceso penal iniciado por el homicidio de Juan Diego. Entre las anomalías, Benítez destaca la falta de transparencia sobre los avances de la investigación, que han sido mínimos en una década.
Apenas este año 2025, el periodista descubrió que dos de los responsables, Ángel González Chávez y Bernabé Guadalupe González —menores de edad al momento del crimen—, fueron liberados tras cumplir una condena de poco más de cuatro años. Además, se les ordenó pagar una reparación del daño de $147,365.10 pesos cada uno, un recurso que nunca llegó a la familia y cuyo destino permanece desconocido. «No es el dinero lo que me interesa; ninguna cantidad compensa la pérdida de Juan Diego», sentencia Benítez, subrayando que esta omisión refleja la ineficacia y la falta de seriedad en el trato a las víctimas.
El dolor de la pérdida se agrava por la desatención a los sobrevivientes. Los hijos de Benítez, quienes presenciaron el ataque, han cargado con secuelas emocionales profundas sin recibir la atención psicológica profesional que las autoridades debieron garantizar.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, lejos de ofrecer apoyo, ha brillado por su ausencia: no ha proporcionado asesoría jurídica adecuada ni información clara sobre el caso. «En estos diez años, he sabido muy poco del proceso», lamenta Benítez, quien también critica la negligencia de la propia CDHEM por no cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos de las víctimas.
La queja presentada por Benítez no solo busca justicia para su hijo, sino también un alto a la impunidad y al abandono institucional. Solicita que la CDHEM investigue las violaciones a sus derechos como víctima, determine responsabilidades y garantice una reparación integral del daño. «Espero que la Comisión tome medidas concretas para resolver este caso y evitar que estas injusticias se repitan», declara el periodista, cuya voz resuena como un llamado a la dignidad y al respeto por los derechos humanos.
El caso de Indalecio Benítez pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia y atención a víctimas en México. Más allá de la tragedia personal, su lucha refleja los obstáculos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en contextos de violencia e indiferencia estatal. A una década del asesinato de Juan Diego, la exigencia de verdad y justicia sigue vigente, como un recordatorio de que la memoria y la resistencia no se doblegan ante el silencio.
