La polémica de ‘Dora la Censuradora’ y las tensiones sobre la libertad de expresión en México
El pasado 19 de mayo de 2025, Aristegui Noticias publicó un tuit con el titular «Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks», destacando a Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones del 1 de junio de 2025. Ese mismo día, la actriz LaishaWilkins respondió con «Jaja Dora la censuradora jaaaja», repitiendo el apodo del titular en tono burlón. No obstante que el día de hoy, Laisha afirmó haber recibido una denuncia formal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentada por una persona de identidad reservada, debido presuntamente a ese tuit de respuesta, lo que calificó como «censura ciudadana».
https://twitter.com/LaishaWilkins/status/1936168290117730697
Martínez Valero, del Partido Acción Nacional (PAN) y exdiputada (2006-2009), se postuló con el lema «Dora la Transformadora». El artículo de Aristegui sugiere que intentó influir en investigaciones periodísticas sobre «Televisa Leaks», lo que originó el apodo «Censuradora».
La respuesta de Laisha, al eco del titular, pudo haber sido vista como difamatoria por Martínez Valero o sus partidarios, especialmente durante las elecciones judiciales. La notificación del TEPJF, si es genuina, pide aclaraciones sobre vínculos políticos o pagos, sugiriendo un escrutinio de la motivación del comentario.
La controversia ha generado reacciones encontradas. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor criticó: «Es increíble que te denuncien por repetir ¡lo mismo que estaba en el encabezado de una noticia! […] esto es digno de una dictadura», reflejando la indignación de quienes ven la denuncia como desproporcionada. Otros podrían argumentar que las regulaciones electorales buscan proteger a candidatos en un proceso polarizado.
Este caso se inscribe en un contexto de restricciones a la expresión en México. La «Ley Ciberasedio» en Puebla, vigente desde el 15 de junio de 2025, impone hasta tres años de prisión por insultos en redes, según Reforma, mientras que una ley similar en Campeche ha sido cuestionada por Amnistía Internacional.
Estos ejemplos, junto con reportes de censura contra periodistas como Raymundo Riva Palacio, reflejan una tendencia en un país con libertad de prensa clasificada 149 de 180. La resolución de esta disputa, si la denuncia es real, podría definir los límites de la crítica en línea, especialmente en un clima de reformas judiciales controvertidas.
