El Secreto de Daniel Sibaja: ¿Corrupción en el Viaducto Bicentenario?
Toluca, Estado de México, 30 de junio 2025.- Este lunes el abogado mexicano Paulo Díez Gargari, reconocido por su trabajo en DGT Díez Gargari, S.C., confirmó una denuncia que ha generado atención por su implicación en un caso de posible corrupción relacionado con el Viaducto Bicentenario, una vía elevada en el Estado de México.
En su denuncia, acompañada de documentos oficiales, Díez Gargari acusa al secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, de negociar en secreto con la empresa Aleatica un «reequilibrio económico» de la concesión de esta infraestructura. Según el abogado, estas negociaciones podrían extender el plazo de la concesión y aumentar las tarifas, lo que considera ilegal debido a la falta de una concesión formal por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Informé a la Gobernadora @delfinagomeza respecto de las negociaciones “en lo oscurito” del Secretario @DanielSibaja_ con la corrupta Aleatica, para el “reequilibrio económico” de la #ConcesiónPatito del Viaducto Bicentenario, lo que significa: más plazo y más tarifa por la… pic.twitter.com/3BOOSeqlgv
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) June 30, 2025
Contexto de la Denuncia
Díez Gargari señala que estas negociaciones, descritas como «en lo oscurito», involucran a Aleatica, la empresa que opera el Viaducto Bicentenario desde hace casi 16 años bajo un título de concesión otorgado por el gobierno del Estado de México. El abogado sugiere que el secretario Sibaja actúa con el conocimiento y consentimiento de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lo que podría implicar una decisión de alto nivel. En su publicación, incluye imágenes de documentos legales que respaldan su postura, invitando abiertamente a una revisión más profunda.
El Viaducto Bicentenario, inaugurado hace más de una década y media, es una ruta elevada construida con inversión privada bajo las condiciones establecidas por el Estado de México. Aleatica ha defendido la legalidad de su concesión, citando una carta oficial de la SICT fechada el 19 de junio de 2023, que reafirma que la infraestructura opera conforme a la legislación estatal y los términos del contrato.
Sin embargo, Díez Gargari argumenta que la ausencia de una concesión federal válida pone en duda la legitimidad de cualquier ajuste propuesto.
Paulo Díez Gargari es un abogado con experiencia en disputas legales relacionadas con contratos gubernamentales e infraestructura pública, lo que da peso a su denuncia. Su firma ha participado en casos similares, con una amplia trayectoria en el ámbito de la transparencia en concesiones públicas. Cabe recordar que en febrero de 2025, ya habían trascendido acusaciones de corrupción contra Daniel Sibaja, incluyendo presuntas inflaciones en costos de proyectos inconclusos, lo que añade un contexto previo a las afirmaciones de Díez Gargari.
Implicaciones y Desarrollo del Caso
La denuncia de Díez Gargari incluye una llamada a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de México para investigar el asunto, sugiriendo que el «reequilibrio económico» podría beneficiar ilegalmente a Aleatica a expensas de los recursos nacionales.
Los documentos compartidos indican que el abogado podría estar preparando un desafío legal formal contra el proceso de renegociación. Si se confirma la participación de la gobernadora Delfina Gómez, quien asumió el cargo en 2023 tras vencer al PRI en las elecciones estatales, el caso podría elevarse a una controversia de gobernanza a nivel estatal.
La implicación de un alto funcionario morenista en un supuesto acto de corrupción sería un punto de inflexión, especialmente considerando que el partido ha promovido una agenda de combate a la corrupción.
La denuncia de Paulo Díez Gargari sobre las negociaciones del Viaducto Bicentenario plantea preguntas significativas sobre la transparencia y legalidad de las concesiones públicas en el Estado de México. Mientras Aleatica defiende la validez de su operación, las acusaciones de Díez Gargari, respaldadas por documentos y su experiencia legal, sugieren la necesidad de una investigación independiente.
