Presidenta Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán
14 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su intención de iniciar un proceso legal por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Este anuncio surge a raíz de declaraciones del abogado que habrían cuestionado la integridad del gobierno mexicano y la postura de la presidenta en relación con el caso de Guzmán.
El conflicto tiene su origen en comentarios realizados por Lichtman durante una audiencia en Estados Unidos, donde Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico. Según reportes, el abogado calificó de «absurda» la solicitud del gobierno mexicano de participar en el acuerdo de culpabilidad de Guzmán y sugirió que la administración de Sheinbaum podría estar vinculada a intereses del crimen organizado.
Estas afirmaciones, consideradas ofensivas por la presidenta, la llevaron a anunciar acciones legales, argumentando que los señalamientos no solo atacan su persona, sino también la investidura presidencial y la institucionalidad del gobierno mexicano.
Sheinbaum ha dejado claro que no entablará diálogo con el abogado de un acusado de narcotráfico y ha instruido a la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy, para que prepare y presente la demanda.
En México, una demanda por difamación se fundamenta en el concepto de daño moral, regulado principalmente por el Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades federativas, como el de la Ciudad de México, donde probablemente se presentará la querella.
El proceso comenzará con la formalización de la demanda ante un juez civil, en la que se especificarán las declaraciones de Lichtman consideradas difamatorias, el daño causado a la honra de la presidenta y las pruebas que sustenten la acusación, como grabaciones, publicaciones en redes sociales o transcripciones de los comentarios.
Dado que Lichtman es ciudadano estadounidense y reside fuera de México, la notificación de la demanda podría requerir cooperación internacional, posiblemente a través de tratados bilaterales o mecanismos como cartas rogatorias, lo que podría complicar este paso debido a la jurisdicción extranjera.
Una vez notificado, el proceso continuará con audiencias en las que ambas partes presentarán sus argumentos y pruebas. La parte demandante, representada por la Consejería Jurídica, buscará demostrar que las declaraciones de Lichtman son falsas, maliciosas y han causado un daño tangible a la reputación de Sheinbaum.
La decisión de Sheinbaum de presentar esta demanda tiene implicaciones tanto políticas como legales. Políticamente, la acción busca proteger la imagen de la presidenta y del gobierno mexicano frente a acusaciones que podrían dañar su credibilidad, particularmente en el contexto del combate al narcotráfico. Sin embargo, también podría interpretarse como un intento de desviar la atención de las críticas o de proyectar una postura de firmeza ante señalamientos externos.
Desde el ámbito legal, el caso plantea interrogantes sobre la aplicabilidad de las leyes mexicanas a un ciudadano extranjero y los límites de la libertad de expresión en un contexto internacional. Además, podría establecer un precedente sobre cómo los funcionarios públicos mexicanos responden a críticas provenientes del extranjero, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el crimen organizado.
