Diputada Araceli Brown, en la mira de EEUU por presuntos nexos con el crimen organizado
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025 – El gobierno de Estados Unidos incluyó a la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo en una lista de sancionados por su presunta relación con “La Mayiza”, una célula del Cártel de Sinaloa.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implica el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar operaciones financieras en territorio estadounidense. Además, se sancionaron a seis personas más y 15 empresas que, de acuerdo con el gobierno norteamericano, habrían participado en narcotráfico, extorsión y lavado de dinero en Playas de Rosarito.
En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó congelar 22 cuentas bancarias vinculadas a los señalados. El anuncio coincidió con la visita a México del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien subrayó la cooperación bilateral en el combate a las redes criminales.
Acusaciones y contexto
Según el reporte de la OFAC, durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024), Brown habría permitido que “La Mayiza” consolidara su presencia en la región. Los señalamientos mencionan a intermediarios que supuestamente coordinaban cobros de extorsiones y operaciones ilícitas, además de influir en nombramientos de funcionarios en áreas clave como Seguridad Pública.
Rosarito es considerado un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia California, y algunos negocios en la zona habrían servido para lavar dinero, entre ellos bares y restaurantes conocidos.
Aunque no existe una orden de aprehensión en México, las sanciones ya están activas y forman parte de los esfuerzos para desmantelar el brazo financiero de esta facción del Cártel de Sinaloa.
Reacciones políticas
Brown Figueredo negó los señalamientos y los calificó de represalia política. En un mensaje en redes sociales dijo estar “sorprendida, pero firme” y aseguró que sus cuentas no han sido bloqueadas.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a respetar la presunción de inocencia y esperar el resultado de las investigaciones.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que el caso corresponde al ámbito federal y que su administración colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.
Desde la oposición, Movimiento Ciudadano, a través de Jorge Álvarez Máynez, adelantó que solicitará el desafuero de la legisladora para que pueda ser investigada sin fuero parlamentario.
Escenario abierto
Araceli Brown, militante de Morena desde su fundación, ha ocupado cargos como regidora, diputada local y alcaldesa antes de llegar a San Lázaro en 2024. Su caso podría tensar el ambiente político en la Cámara de Diputados, donde Morena mantiene mayoría y cualquier proceso de desafuero dependerá de las negociaciones legislativas.
Hasta ahora no se han anunciado acciones penales adicionales, pero el congelamiento de cuentas por parte de la UIF apunta a que las indagatorias seguirán en curso. El desarrollo de este caso podría marcar un nuevo capítulo en la cooperación México–Estados Unidos contra el crimen organizado.
