El enigma del Centro Kalan: Un museo inaugurado pero inaccesible
Ciudad de México, 21 de octubre de 2025 – El Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar, conocido como Kalan, ha vuelto al centro del debate público. Este espacio, presentado como un emblema de accesibilidad y conocimiento sobre salud, permanece cerrado al público casi un año después de su inauguración oficial.
La controversia gira en torno al manejo de alrededor de 285 millones de pesos en recursos públicos destinados a su creación y rehabilitación, además de posibles irregularidades en contratos durante la administración de María Elena Álvarez-Buylla, quien encabezó el entonces CONAHCYT (hoy SECIHTI).
El caso refleja la tensión entre los grandes proyectos públicos y la necesidad de transparencia en el uso de fondos federales.
Revelaciones Recientes y Auditorías en Curso
En octubre de 2025, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intensificaron el escrutinio sobre la gestión de Álvarez-Buylla. Los documentos señalan anomalías por más de 400 millones de pesos en diversos contratos, con pagos no justificados y entregables incompletos en proyectos relacionados con la cultura y la salud.
Además, una denuncia presentada el 9 de octubre ante la FGR menciona un posible daño patrimonial de más de 57 millones de pesos por la extinción de fondos institucionales en 2021, aunque no se especifica si está directamente ligado al Kalan.
Mientras tanto, el edificio —un inmueble art déco en el sur de la capital, con murales de Diego Rivera— luce abandonado, con jardines descuidados y salas vacías. Autoridades argumentan que sigue en “remodelación”, sin ofrecer una fecha de reapertura.
Álvarez-Buylla ha respondido señalando una “campaña orquestada” en su contra y asegura que no participó directamente en los contratos bajo investigación. Defiende su trayectoria como transparente y de servicio público, recordando su Premio Nacional de Ciencias en 2017.

El Contrato con Estudio MMX y Posibles Conflictos de Interés
Uno de los puntos más polémicos es la adjudicación directa de un contrato por 4.43 millones de pesos al despacho Estudio MMX, encargado del diseño museográfico del Kalan.
El problema: en 2021, la misma firma diseñó un estudio artístico privado para la hija de Álvarez-Buylla, en Tlalpan. La coincidencia de fechas y vínculos personales ha levantado sospechas de conflicto de interés, ya que los lineamientos del CONAHCYT exigían declarar relaciones personales con proveedores.
También se ha mencionado una omisión en la declaración patrimonial de la exfuncionaria sobre dicha construcción, valuada en 1.6 millones de pesos. Aunque no se ha probado dolo, la falta de transparencia ha generado cuestionamientos.
Una Inauguración con Final Incierto
El 29 de septiembre de 2024, Álvarez-Buylla encabezó la inauguración del Kalan, un proyecto con un costo total estimado en 285 millones de pesos.
El recinto fue presentado como un espacio “utópico” con jardines botánicos, exposiciones interactivas y piezas artísticas restauradas. Sin embargo, la apertura no pasó del acto protocolario. Poco después, el sitio cerró nuevamente por “ajustes operativos”.
Hoy, el centro es visto como un símbolo de ineficiencia burocrática: un edificio con alto valor histórico, pero sin utilidad pública.
De los Orígenes a la Controversia
Los trabajos de rehabilitación comenzaron en octubre de 2023, con la participación de más de 1,300 trabajadores. Antes de eso, el vínculo con Estudio MMX ya existía por el encargo familiar de 2021.
La gestión de Álvarez-Buylla en el CONAHCYT estuvo marcada por reformas estructurales, como la eliminación de 91 fideicomisos, lo que le generó tanto apoyo político como críticas por centralización y opacidad.
Otras auditorías señalan asignaciones de fondos a proyectos vinculados a su familia, por un total de 3.5 millones de pesos, lo que refuerza las dudas sobre la administración de los recursos.
Por ahora, el museo sigue cerrado, convertido en símbolo de lo que pudo ser un espacio de conocimiento y bienestar, pero que hoy representa una oportunidad perdida. La ASF y la FGR mantienen abiertas investigaciones que podrían derivar en sanciones o procesos penales.
