Fast track y presiones políticas: el debate por el ascenso de Ernestina Godoy a la FGR

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025. La ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles abrió un amplio debate sobre la transparencia y solidez del procedimiento constitucional. La rapidez del proceso y la percepción de que la sucesión estaba preacordada antes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero han generado críticas desde la oposición. Aunque el Senado aprobó el nombramiento con 97 votos a favor, diversos legisladores señalaron irregularidades que, según su postura, afectan la autonomía institucional.

Proceso acelerado y votación dividida

La designación se resolvió en una sesión de menos de cuatro horas, con comparecencias breves de las tres integrantes de la terna presidencial: Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. Cada aspirante respondió preguntas durante unos 45 minutos sobre independencia, combate a la corrupción y conducción de la FGR.

La votación secreta arrojó 97 votos a favor —de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano—, 19 en contra y 11 nulos. Tras ello, Godoy rindió protesta para un periodo de nueve años, hasta 2034.

Críticas por presunta “simulación” legislativa

Integrantes de la oposición calificaron el proceso como una “simulación” contraria al espíritu del artículo 102 constitucional, que establece un análisis exhaustivo para garantizar imparcialidad.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, afirmó que la aprobación exprés de la renuncia de Gertz como “causa grave” se realizó sin revisar los requisitos legales y concentrando todas las etapas en días consecutivos.

Durante la comparecencia, senadoras panistas como Lilly Téllez cuestionaron a Godoy sobre intervenciones en casos sensibles y solicitaron respuestas directas respecto a investigaciones relacionadas con figuras de Morena.

Maniobras previas a la renuncia de Gertz Manero

Uno de los puntos más señalados es la secuencia de decisiones previas al anuncio de renuncia de Gertz, el 26 de noviembre. Horas antes de formalizar su salida, el fiscal firmó un acuerdo interno que nombró a Godoy —entonces consejera jurídica de la Presidencia— como fiscal especial de Control Competencial, cargo previsto en la ley para asumir el interinato en ausencia definitiva.

Este movimiento requirió que Godoy renunciara a su puesto en la Presidencia, algo confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 28 de noviembre. Para la oposición, esta maniobra muestra un diseño anticipado que colocó a Godoy en la ruta de sucesión antes de que se abriera el registro de aspirantes, que recibió 43 solicitudes, pero que finalmente derivó en una terna integrada únicamente por mujeres, enviada por el Ejecutivo el 2 de diciembre.

La aceptación de la renuncia del fiscal —quien podría ocupar una representación diplomática en un “país amigo”, posiblemente Alemania— fue aprobada el 28 de noviembre con 74 votos a favor y 22 en contra. La oposición argumentó que no se acreditó ninguna causa grave, como exige la Ley de la FGR. Versiones legislativas señalan que la salida de Gertz habría sido negociada en medio de tensiones por la falta de informes al Senado y controversias públicas relacionadas con investigaciones de delincuencia organizada.

Señalamientos de presión política en el Senado

También generó polémica el papel atribuido a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo. Senadoras del PAN denunciaron presiones mediante mensajes que solicitaban una actitud “dócil” durante las comparecencias, advirtiendo que quien no atendiera esa petición sería considerado “enemigo personal” de Godoy. López negó estas acusaciones, pero el señalamiento fortaleció la percepción de control partidista en la selección de aspirantes y en la conducción del proceso.

Movimiento Ciudadano, pese a votar a favor, condicionó su respaldo a un “decálogo de compromisos” firmado por Godoy, orientado a la transparencia y la no persecución política.

Especialistas y legisladores han expresado inquietud por el efecto que este proceso pueda tener en la credibilidad de la FGR. Emilio Álvarez Icaza advirtió que podrían replicarse prácticas señaladas durante la gestión de Godoy en la Ciudad de México, como presunto “maquillaje” de cifras, lo que afectaría la procuración de justicia y la confianza en la seguridad jurídica.

Durante su intervención, Ernestina Godoy aseguró que su administración se centrará en la “investigación científica”, en la “cero tolerancia a la tortura” y en evitar tanto “fabricación de culpables” como “impunidad”. No obstante, las decisiones previas y la velocidad del proceso mantienen abiertas dudas sobre la independencia y pluralidad en la procuración de justicia federal.