Rescate masivo de casi 900 animales destapa conflicto legal en refugio de Cuajimalpa
Cuajimalpa, Estado de México, 9 de enero 2026.- Un predio ubicado en Lomas de Vista Hermosa, sobre la carretera México–Toluca, se convirtió en las últimas semanas en el centro de un conflicto que mezcla disputas legales por la propiedad del terreno con preocupaciones por el bienestar de cientos de animales.
El caso enfrenta al Refugio Franciscano A.C., organización dedicada al rescate de perros y gatos, con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., propietaria legal del inmueble. La controversia ha derivado en procesos judiciales, operativos gubernamentales y un rescate masivo de animales.
Origen de la disputa legal
La controversia comenzó hacia finales de 2025, cuando surgió un litigio por la posesión del predio. La fundación propietaria promovió acciones legales para recuperar el inmueble, mientras que el refugio continuó utilizándolo como albergue para animales rescatados.
Con el paso de los días, la disputa se amplió. Por un lado, se plantearon acusaciones de despojo y presuntos intereses inmobiliarios; por el otro, denuncias sobre posibles condiciones inadecuadas para los animales alojados en el lugar.
Intervención judicial y primeros operativos
El 11 de diciembre de 2025, autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo de desocupación, respaldado por una orden del Juzgado 60 Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Durante esa diligencia, médicos veterinarios evaluaron a los animales y detectaron riesgos para su salud.
Posteriormente, el 20 de diciembre, un tribunal colegiado concedió una suspensión provisional a favor del refugio, ordenando la restitución del predio y el pago de una garantía económica. El 24 de diciembre, un juzgado de distrito otorgó una suspensión definitiva, reforzando de manera temporal la situación jurídica del albergue.
A pesar de ello, entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, se reportaron 21 muertes de animales, entre perros y gatos, asociadas a desnutrición severa y estados de salud críticos.
Operativo de rescate del 7 de enero
El 7 de enero de 2026 se llevó a cabo un operativo de gran escala encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Las autoridades informaron que, tras investigaciones previas, se detectaron condiciones de presunta negligencia en cerca de 800 animales, como hacinamiento, mala ventilación, acumulación de desechos y falta de atención veterinaria adecuada.
En total, 897 perros y gatos fueron trasladados a espacios seguros. La mayoría fue llevada a un centro temporal en el Ajusco, mientras que los ejemplares más graves recibieron atención especializada en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y otros centros.
Protestas y postura oficial
El operativo contó con la participación de más de 200 elementos de seguridad y provocó protestas de aproximadamente 50 activistas, quienes intentaron impedir el traslado de los animales mediante cadenas humanas.
El refugio acusó a las autoridades de incumplir suspensiones judiciales federales, mientras que el gobierno capitalino sostuvo que la intervención respondió a denuncias ciudadanas por maltrato animal, al margen del conflicto por la propiedad del terreno.
En ese contexto, la jefa de Gobierno anunció el impulso de una iniciativa de ley para regular albergues y refugios, con énfasis en adopciones responsables, esterilización y fortalecimiento de la infraestructura veterinaria pública.
Evaluaciones posteriores y situación de los animales
El 8 de enero, revisiones veterinarias confirmaron condiciones de salud delicadas en varios animales rescatados, con el reporte de 21 fallecimientos adicionales tras el traslado.
Para este 9 de enero, más de 300 perros ya habían sido canalizados a hogares temporales. El predio permanecía bajo resguardo policial, con acceso restringido, mientras continuaban las investigaciones correspondientes.
Al día de hoy el caso sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Los animales rescatados permanecen bajo custodia gubernamental, distribuidos en distintas instalaciones para su recuperación y eventual adopción. La disputa legal por el predio continúa en los tribunales, con acusaciones cruzadas y resoluciones aún pendientes.
