Denuncian renuncias forzadas a trabajadores de limpieza que laboran para el gobierno del Edomex
Toluca, Estado de México, 5 de marzo 2026.- Alrededor de 1,500 trabajadores de limpieza que laboran en oficinas del gobierno del Estado de México enfrentan incertidumbre laboral tras un cambio en la empresa encargada de sus contratos. Los empleados prestan servicio en dependencias administrativas, legislativas y judiciales, y aseguran que el proceso de transición ha estado acompañado de irregularidades que ponen en riesgo sus derechos laborales.
La situación ha reavivado el debate sobre las condiciones de la subcontratación en servicios públicos, particularmente en áreas esenciales que permiten el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Denuncian presión para firmar renuncias
De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la empresa que anteriormente administraba los contratos, Services Industrial Tools S.A. de C.V., notificó que dejaría de operar en estas dependencias.
Tras ese anuncio, varios empleados afirman que se les pidió firmar renuncias voluntarias como requisito para una posible contratación por parte de una nueva compañía identificada como SLYCOM.
Inicialmente, se les habría informado que en un plazo de tres meses recibirían contacto para discutir su liquidación. Sin embargo, posteriormente la propuesta cambió a una compensación sin detalles claros sobre montos ni condiciones, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores que temen quedarse sin un finiquito adecuado.
Señalamientos sobre condiciones laborales
Los empleados también han señalado presuntas irregularidades durante el tiempo que trabajaron con la empresa saliente.
Entre los reclamos se encuentran:
- Descuentos automáticos relacionados con el seguro social, pese a inconsistencias en los pagos recibidos.
- Jornadas laborales de 45 horas semanales.
- Solo 40 minutos de descanso durante la jornada.
Además, los trabajadores indican que la nueva empresa habría comunicado que no planea otorgar contratos formales a quienes sean reclutados, situación que incrementa la preocupación sobre la estabilidad laboral.
Antecedentes de protestas y adeudos
El conflicto no es nuevo. En marzo de 2025, los mismos trabajadores realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno en Toluca, donde exigieron el pago de salarios atrasados y denunciaron bajas injustificadas en el sistema de seguridad social.
Durante esa protesta se dio a conocer que el gobierno estatal destinaba aproximadamente 12 mil pesos mensuales por cada trabajador a la empresa contratista, mientras que los empleados recibían cerca de la mitad de esa cantidad.
Aunque en ese momento hubo intervención de autoridades estatales que permitió resolver parte del conflicto, los retrasos en pagos ya habían ocurrido anteriormente, lo que para los trabajadores evidencia un patrón de inestabilidad en este tipo de contratos.
Contrato millonario en servicios de limpieza
El tema también ha llamado la atención por la dimensión económica de estos acuerdos. En abril de 2024, se adjudicó un contrato cercano a 300 millones de pesos para servicios de limpieza y jardinería en dependencias públicas del estado.
Para los trabajadores, este contraste entre el monto de los contratos y las condiciones laborales que reportan refuerza la necesidad de revisar el esquema de subcontratación.
Temor a represalias y llamado a autoridades
Actualmente, muchos de los empleados aseguran que temen represalias, como quedar fuera de futuras contrataciones si hacen públicas sus inconformidades.
Ante esta situación, han solicitado la intervención de la gobernadora del Estado de México y de diputados locales, con el objetivo de que se revisen las condiciones de la transición entre empresas y se garanticen sus derechos laborales.
Hasta ahora, no se ha informado de una resolución oficial definitiva, por lo que el conflicto permanece sin solución clara.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de trabajadores subcontratados en servicios públicos, donde los cambios de empresa pueden traducirse en pérdida de estabilidad laboral y retrasos en el cumplimiento de derechos básicos.
