Diputados frenan reforma electoral y Sheinbaum activa su “Plan B” contra el INE
Ciudad de México, 11 de marzo 2026.- El intento de reforma electoral impulsado por el gobierno federal sufrió un revés en la Cámara de Diputados, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a plantear una estrategia alterna conocida como “Plan B”, centrada en ajustes legales y recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE).
La iniciativa constitucional no logró reunir la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Tras el resultado, el gobierno planteó avanzar mediante cambios a leyes secundarias, una vía que permite modificar ciertos aspectos del sistema sin necesidad de reformar la Constitución.
Una alternativa basada en leyes secundarias
El llamado Plan B busca introducir cambios en el funcionamiento del sistema electoral a través de normas ordinarias. De acuerdo con el planteamiento oficial, el objetivo principal sería reducir gastos del aparato electoral y reorientar recursos hacia programas sociales.
Entre los posibles ajustes se contemplan recortes en el presupuesto del INE, incluyendo financiamiento a partidos políticos y algunos rubros administrativos. Funcionarios cercanos al gobierno han señalado que estas medidas formarían parte de la política de “austeridad republicana” impulsada desde el Ejecutivo.
La estrategia permitiría mantener parte de la agenda de cambios electorales, aunque en una escala más limitada que la propuesta original.
Una votación que evidenció divisiones
La reforma constitucional fue discutida y votada este miércoles en la Cámara de Diputados. El proyecto obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
Sin embargo, para modificar la Constitución se requería el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes, lo que en esa sesión representaba aproximadamente 330 votos. La cifra quedó lejos de alcanzarse.
El resultado evidenció que la coalición gobernante no logró consolidar el apoyo necesario dentro del Congreso, incluso entre partidos que en otras votaciones han acompañado al bloque oficialista.
Qué proponía la reforma rechazada
La iniciativa buscaba una reconfiguración amplia del sistema electoral mexicano. Uno de sus puntos centrales era eliminar los escaños plurinominales en el Senado, lo que habría reducido su integración de 128 a 96 legisladores.
También planteaba suprimir las listas proporcionales para diputados federales, con el argumento de que todos los representantes debían obtener su cargo mediante votación directa en distritos.
Según sus promotores, estos cambios permitirían fortalecer la legitimidad electoral y evitar la asignación de espacios legislativos por representación proporcional.
Recortes y reorganización del sistema electoral
Otro componente relevante de la reforma era un recorte de alrededor del 25 % en el presupuesto electoral, que abarcaría salarios de funcionarios, gastos operativos y financiamiento público a partidos políticos.
Además, la propuesta contemplaba reorganizar algunas funciones electorales, concentrando atribuciones en el INE y eliminando instancias consideradas redundantes.
El proyecto también incluía disposiciones para regular el uso de inteligencia artificial en campañas y ampliar los mecanismos de voto de mexicanos residentes en el extranjero.
Resistencia de aliados y oposición
El rechazo a la reforma no provino únicamente de la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. También surgieron resistencias entre partidos que han sido aliados del oficialismo.
Dirigentes del Partido del Trabajo y sectores del Partido Verde Ecologista de México expresaron preocupación por la eliminación de los mecanismos plurinominales, que históricamente han permitido a fuerzas políticas pequeñas mantener representación legislativa.
Algunos críticos argumentaron que eliminar esos espacios podría reducir la pluralidad en el Congreso, mientras que defensores de la iniciativa sostenían que se trataba de un paso hacia un sistema más competitivo.
Un escenario político complejo rumbo a 2027
El episodio refleja los retos de gobernar con una mayoría que depende de acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Aunque el bloque oficialista mantiene una presencia importante en el Congreso, no cuenta por sí solo con los votos suficientes para impulsar reformas constitucionales.
En este contexto, el Plan B aparece como una vía para avanzar en cambios parciales antes de las elecciones intermedias de 2027, aunque no está exento de posibles controversias políticas o judiciales.
El debate sobre el futuro del sistema electoral mexicano continuará en los próximos meses, mientras gobierno y oposición mantienen posturas encontradas sobre el alcance de las reformas necesarias.
