Un solo proveedor, miles de millones de pesos: el caso DIFEM llega hasta Palacio Nacional
Toluca, Estado de México, 20 de marzo 2026.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) ha concentrado contratos por más de 6,354 millones de pesos entre 2024 y 2026 en una sola empresa: Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V. (DYPASA).
Estos recursos se destinaron principalmente a la compra de desayunos escolares, canastas básicas y alimentos para población vulnerable. El monto acumulado representa una proporción significativa del presupuesto anual del organismo, que supera los 2,000 millones de pesos.
Procesos de adjudicación bajo cuestionamiento
En 2024, DYPASA obtuvo un contrato superior a 1,813 millones de pesos mediante una licitación pública nacional en la que participaron únicamente dos empresas.
Para 2025, el proceso incluyó condiciones más restrictivas:
- Plazos de apenas cinco días hábiles
- Prohibición de propuestas conjuntas
- Exigencia de un capital contable mínimo de 700 millones de pesos
En ese año, solo DYPASA presentó propuesta y fue nuevamente adjudicada con un contrato por más de 2,214 millones de pesos.
En 2026, una licitación pública fue declarada desierta por exceder el techo presupuestal. Posteriormente, se recurrió a una invitación restringida dirigida exclusivamente a DYPASA, con un monto máximo superior a 2,327 millones de pesos.
Denuncia penal señala posible esquema de extorsión
Una denuncia penal anónima presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Contraloría estatal describe un presunto esquema de extorsión vinculado a estos contratos.
De acuerdo con la querella, intermediarios habrían solicitado pagos de hasta dos millones de pesos en efectivo a proveedores interesados, a cambio de “facilitar” el acceso a las adjudicaciones del DIFEM. Sin embargo, los pagos no garantizaban resultados y, según los testimonios, los intermediarios desaparecían.
La denuncia menciona a diversos actores públicos, entre ellos la directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, así como otras figuras del ámbito político y judicial. También solicita una investigación formal, revisión de contratos, posibles sanciones y medidas de protección para denunciantes.
Según la agencia Apro, también estarían involucrados Maximiliano Alexander, magistrado del Poder Judicial mexiquense; el diputado local Carlos Zurita y el notario Alejandro Moreno Morales.
El caso llega a la conferencia presidencial
Esta semana, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, una periodista expuso el caso y pidió la intervención de autoridades anticorrupción.
La mandataria respondió que, una vez recibida la información, el asunto podría ser turnado a instancias competentes, ya sea a nivel estatal o federal.
Sin posicionamientos oficiales hasta ahora
Hasta este viernes, no se han reportado nuevas declaraciones públicas ni acciones oficiales por parte del DIFEM, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Contraloría estatal o la FGJEM.
Tampoco hay información pública sobre la apertura de carpetas de investigación, citatorios o avances en el caso. Los contratos correspondientes a 2026, adjudicados mediante invitación restringida, no presentan actualizaciones sobre su ejecución o posibles revisiones.
La concentración de contratos en un solo proveedor durante tres años consecutivos plantea interrogantes sobre la competencia en las contrataciones públicas del DIFEM.
Además, el caso pone bajo escrutinio el manejo de recursos destinados a la atención de población vulnerable, en un contexto donde más de seis mil millones de pesos habrían sido canalizados a una sola empresa.
