Accionistas del Club Deportivo La Asunción se manifiestan ante juzgados; denuncian fraude y control irregular de la familia Flores

Toluca, Estado de México, 10 de junio 2026.- En el marco del escándalo que estalló días atrás tras la irrupción armada del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, en las instalaciones del Club Deportivo La Asunción, un grupo de accionistas de dicha sociedad se manifestó este miércoles frente a los juzgados federal y mercantil de Toluca para denunciar irregularidades en la administración del club y exigir medidas cautelares que les garanticen el acceso al inmueble.

El contexto: un incidente que encendió la mecha

El pasado 4 de junio, videos que rápidamente se volvieron virales mostraron al presidente municipal de Metepec ingresando de manera violenta al Club Deportivo La Asunción, acompañado de escoltas con armas largas, para agredir a un familiar dentro de las instalaciones. Tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad abrieron investigaciones de oficio ante lo ocurrido. El edil ofreció disculpas públicas y afirmó haber acudido al lugar tras recibir un llamado de ayuda por un conflicto entre particulares, del cual dijo ser socio. Sin embargo, el incidente destapó una disputa de fondo que, según los accionistas inconformes, se arrastra desde hace más de dos décadas.

La manifestación: una sociedad de 1,250 acciones, no una propiedad familiar

El representante legal del grupo disidente, el licenciado Salvador Núñez, fue la voz principal de la manifestación. Desde el exterior de los juzgados, subrayó el punto que considera central del conflicto: el Club Deportivo La Asunción no es propiedad de ninguna persona ni familia, sino una sociedad anónima integrada por 1,250 acciones emitidas desde su fundación.

«Él no es el dueño, lo digo categóricamente. Ellos no son los dueños», afirmó Núñez, refiriéndose a declaraciones que, según los manifestantes, el propio alcalde Fernando Flores Fernández habría hecho en entrevistas de la Ciudad de México presentándose como propietario del club. Para el representante legal, esa afirmación es «una mentira» y la familia Flores Fernández no tendría siquiera una participación mayoritaria en la sociedad.

Las denuncias: asambleas irregulares, acciones endosadas y membresías sin recibo

Los accionistas inconformes enumeraron ante los medios una serie de irregularidades que, aseguran, se han acumulado durante más de 15 años de control de la familia Flores sobre el consejo de administración:

Control cupular del consejo. Según Núñez, las asambleas del club se realizan sin transparencia ni convocatoria abierta a todos los socios, y los cargos directivos han circulado exclusivamente entre personas del mismo círculo familiar. Entre los integrantes del consejo señalados se encuentran Alberto, Luis Enrique, Ricardo, Antonio y Fernando Flores Fernández. El actual presidente del consejo de administración es Luis Flores Huerta, identificado como hijo de Luis Enrique Flores Fernández, uno de los hermanos del alcalde.

Endoso irregular de acciones. Una de las denuncias más graves es el mecanismo mediante el cual la familia habría incrementado su participación accionaria: cuando socios morosos no podían pagar las cuotas de mantenimiento, se les presionaba para que cedieran sus acciones. Esas acciones, en lugar de ofrecerse al conjunto de los socios conforme a derecho, habrían sido endosadas a familiares del grupo en el poder. «Su familia se ha hecho de acciones de una manera fraudulenta presionando a los socios para que les vendan», señaló Núñez. Agregó que a varios accionistas se les han quitado sus acciones alegando deudas «estratosféricas», recibiéndolas a cambio por cantidades de entre 10,000 y 15,000 pesos.

Membresías rentadas sin comprobante fiscal. Los denunciantes también acusaron que el consejo administra membresías rentadas que generan ingresos considerables sin emitir ningún tipo de recibo. «Creo que ahí debe entrar el SAT para que investigue», señaló el abogado, al tiempo que estimó que el costo por persona oscila entre 1,100 y 1,500 pesos mensuales, y que por familia puede llegar a los 5,000 o 6,000 pesos. En términos coloquiales, calificó la situación como un fraude que llevaría operando más de una década y media.

Exclusión de socios legítimos. Una de las situaciones que más indignó a los manifestantes es que actualmente hay rentistas —personas que no son accionistas— que tienen mayor facilidad de acceso al club que los propios socios. A Núñez, en lo personal, se le impide ingresar al inmueble con el argumento de que tiene una demanda pendiente por cuotas de mantenimiento de la época de la pandemia. «Ahorita un rentista entra más fácilmente al club que yo», lamentó.

Asambleas apócrifas. De acuerdo con la defensa legal del grupo disidente, las asambleas celebradas en 2021 y 2022 fueron declaradas nulas, lo que convierte en ilegítimas a todas las asambleas y decisiones adoptadas con posterioridad, incluyendo la actual integración del consejo de administración. «Tenemos un consejo apócrifo», sintetizó Núñez.

Las acciones legales: nulidad del reglamento de 2011 y medidas precautorias

El grupo disidente ha promovido demandas en materia mercantil con dos objetivos principales: la nulidad del reglamento interno aprobado en 2011, mediante el cual el consejo habría establecido la obligación de pagar cuotas de mantenimiento independientemente del uso de las instalaciones —lo que el abogado califica de violatorio de los derechos societarios—, y la anulación de todos los endosos de acciones realizados de manera irregular.

La manifestación del miércoles ante los juzgados de Toluca tenía un propósito inmediato y concreto: solicitar al juez de distrito en materia mercantil una medida precautoria que garantice el regreso inmediato de todos los accionistas a las instalaciones del club. «Estamos aquí para que este señor no siga violentando nuestros derechos societarios y nuestro derecho de asociación», argumentó el licenciado Núñez ante los medios.

El trasfondo: un predio de alto valor y una disputa que trasciende lo deportivo

Más allá de las canchas y la alberca, los accionistas disidentes apuntan a lo que consideran el verdadero móvil del conflicto: el enorme valor del terreno que ocupa el club. El Club Deportivo La Asunción se asienta sobre aproximadamente 40,000 metros cuadrados en una de las zonas de mayor plusvalía del municipio, con un valor de mercado que podría rondar los 600 millones de pesos. «Lo que les importa es el terreno para después comercializarlo. No les importa el club», afirmó Núñez.

Los manifestantes reconocieron que el momento mediático generado por el incidente del 4 de junio les da visibilidad para sus demandas, aunque también advirtieron que el temor a represalias ha impedido que más socios se unan abiertamente. «Mucha gente tiene miedo», reconoció el abogado, quien estimó que en la última reunión interna participaron alrededor de 100 accionistas, de un total de aproximadamente 300 a 400 que considera aún activos.

Ante la pregunta de si, en caso de que los procedimientos civiles no prosperen, escalarían la controversia a la vía penal, Núñez fue cauto: «No sabemos cuál es el camino; nos tienen que decir los abogados». Por ahora, la disputa por el Club Deportivo La Asunción sigue abierta, tanto en los tribunales como en la opinión pública.