julio 10, 2026

FBI pone bajo la lupa operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino

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9 de julio 2026.- Autoridades federales de Estados Unidos, entre ellas el FBI y fiscales del Departamento de Justicia, mantienen una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. El principal foco de la pesquisa es el manejo de cientos de millones de dólares canalizados a través de una empresa con sede en Florida, en el contexto de la participación de la selección argentina en el Mundial de 2026.

Contrato con TourProdEnter y flujo de recursos

En diciembre de 2021, la AFA, presidida por Claudio Tapia, contrató a TourProdEnter LLC como agente comercial exclusivo para sus operaciones internacionales.

La empresa, administrada por Javier Faroni y Erica Gillette, quedó a cargo de cobrar ingresos derivados de contratos con patrocinadores globales, gestionar pagos logísticos y remitir los excedentes. Como parte del acuerdo, recibía una comisión del 30 % sobre los ingresos netos, además de un 10 % por servicios logísticos.

Entre 2022 y 2025, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares relacionados con la AFA. Los recursos, provenientes de acuerdos con empresas como Adidas y Warner, además de otros patrocinadores y derechos comerciales vinculados con la selección argentina, fueron canalizados a través de cuentas en cinco bancos estadounidenses: Bank of America, Synovus, Citibank, JP Morgan y PNC Bank.

Movimientos financieros bajo análisis

De acuerdo con registros bancarios analizados por las autoridades, solo una parte de esos recursos pudo vincularse de forma directa con gastos operativos identificables de la AFA.

Entre las operaciones que forman parte de la investigación destacan:

  • Al menos 42 millones de dólares transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt. Según la información disponible, estas empresas no muestran empleados identificables ni actividad comercial declarada, operan desde oficinas virtuales y están controladas por personas con perfiles financieros de bajo nivel en Argentina.
  • Cerca de 109.9 millones de dólares enviados mediante un agente de valores en Uruguay hacia vehículos financieros establecidos en las Islas Vírgenes Británicas y vinculados con la AFA.
  • Decenas de millones de dólares destinados a gastos como aviones privados, yates, residencias de lujo, actividades ecuestres y otros consumos considerados suntuarios.
  • Transferencias por cientos de miles de dólares a sociedades relacionadas con el tesorero Pablo Toviggino y miembros de su familia, además de pagos dirigidos a personas cercanas a integrantes de la selección argentina.

Cómo surgió la investigación en EE. UU.

La investigación comenzó a tomar forma durante 2025 y es encabezada por fiscales federales como Patrick Gushue, especialista en integridad bancaria en Washington D. C., así como Christopher Ting y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades buscan determinar si los movimientos realizados a través del sistema financiero estadounidense pudieron configurar delitos como lavado de activos, fraude bancario o fraude al deber de servicios honestos.

En 2024, el empresario Guillermo Tofoni presentó denuncias ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y fiscalías federales para alertar sobre presuntas irregularidades. Aunque inicialmente las autoridades consideraron que no existían elementos suficientes para avanzar, el caso cobró fuerza tras la incorporación de nueva información sobre las estructuras financieras en Florida.

Durante julio de 2026, en el marco del Mundial, fiscales y agentes del FBI recabaron nuevos testimonios, incluida una declaración prolongada de Tofoni.

De manera paralela, el gobierno argentino manifestó su disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses mientras avanzan investigaciones locales relacionadas con el manejo de recursos de la AFA.

Hasta el momento, la investigación en Estados Unidos continúa en una etapa preliminar, enfocada en reunir documentación y testimonios para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso formal.

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