agosto 10, 2026

Investigan red que habría cobrado millones a verificentros del Edomex

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Toluca, Estado de México, 10 de agosto 2026.- Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) puso al descubierto un presunto esquema de extorsión dirigido contra propietarios de verificentros, mediante el cual se habrían obtenido varias decenas de millones de pesos cada mes a cambio de permitir la continuidad de sus operaciones.

El mecanismo investigado contemplaba el cobro de cuotas ilícitas para evitar el cierre de líneas de verificación, además de cantidades adicionales relacionadas con la revalidación de autorizaciones. Los pagos, según los datos recabados por la autoridad, se realizaban en efectivo y eran entregados en un domicilio previamente identificado por los investigadores.

Dos funcionarios, entre los detenidos

Como parte de las indagatorias, este lunes fueron detenidos dos servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, señalados por su probable participación en esta estructura.

Se trata de Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera.

El primero fue localizado en Acapulco, Guerrero, mientras que el segundo fue detenido en la Ciudad de México. Las aprehensiones fueron realizadas mediante un operativo en el que participaron la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la capital del país.

Una estructura con funcionarios y particulares

Las pesquisas surgieron a partir de denuncias presentadas por distintas víctimas y de diversas diligencias realizadas por la Fiscalía. Los datos obtenidos hasta ahora apuntan a la existencia de una organización en la que presuntamente intervendrían servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

La autoridad sostiene que los involucrados habrían utilizado sus posiciones y atribuciones para presionar a propietarios de verificentros. En algunos casos, el objetivo habría sido mantener abiertas las instalaciones mediante el pago de cuotas; en otros, las acciones investigadas habrían llegado al punto de intentar despojar a los concesionarios de sus autorizaciones y de la infraestructura que habían adquirido.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las personas afectadas también habrían sido advertidas sobre posibles represalias si decidían denunciar.

Buscan identificar a más afectados

La Fiscalía mexiquense informó que mantiene abierta la investigación y pretende contactar a otras posibles víctimas que, hasta ahora, no han formalizado sus denuncias.

El temor a sufrir consecuencias habría impedido que algunas personas acudieran ante las autoridades, por lo que la incorporación de nuevos testimonios podría contribuir a establecer con mayor precisión la dimensión de la estructura y actualizar el cálculo de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

Las indagatorias no se limitan a los dos funcionarios detenidos. La FGJEM trabaja en la obtención de nuevas órdenes de aprehensión para localizar al resto de las personas que podrían estar relacionadas con el esquema.

Por ahora, las acusaciones corresponden a una investigación en curso y será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de los detenidos conforme avance el procedimiento.

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