Se agudiza crisis sanitaria en sistema de salud pública del Estado de México
Toluca, Estado de México, 18 de agosto de 2026.- El sistema de salud pública en el Estado de México enfrenta una severa crisis que afecta de manera simultánea a los pacientes con insuficiencia renal crónica y al personal médico. La problemática se concentra en clínicas y hospitales de la red estatal operados bajo el esquema federal del IMSS-Bienestar.
Pacientes renales y sus familiares han encabezado movilizaciones masivas en Toluca ante la suspensión de más de 96 sesiones de tratamiento debido a fallas mecánicas e inoperatividad de los equipos biomédicos.
Entre los hospitales más afectados se encuentran el Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos» en Toluca (máquinas 5 y 6 sin funcionar) y en el Hospital General de Tenancingo
Las denuncias de los afectados apuntan a desperfectos en los insumos y falta de pago por parte de la institución hacia la empresa proveedora que subroga el servicio de las máquinas.
Argumentaron que tan solo una persona con enfermedad renal requiere en promedio tres sesiones semanales. El desabasto en el sector público los obliga a recurrir a clínicas privadas, donde cada sesión ronda entre $1,500 y $2,700 pesos. Esto genera un gasto catastrófico de hasta $18,000 pesos mensuales por paciente.
Ante el grave riesgo que la interrupción del tratamiento representa para sus vidas, el colectivo Unidos Transformando promovió de manera oficial una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para exigir medidas cautelares inmediatas.
En tanto que personal médico y de enfermería adscrito al programa IMSS-Bienestar ha realizado protestas y asambleas informativas en unidades médicas del Valle de México, donde demandaron la falta de dispersión o el retraso crítico en el pago de su quincena correspondiente a agosto de 2026.
Se estima que más de 10 mil profesionales de la salud solicitaron certidumbre en las mesas de transición laboral y regularización presupuestaria, argumentando que la retención o demora de sus salarios vulnera la economía de sus familias mientras mantienen la operación de hospitales públicos saturados.
