Ayotzinapa: familias exigen los 800 folios; Gobierno afirma que el Ejército no tiene más
28 de septiembre 2026.- Apenas dos días separaron dos posiciones que exhiben uno de los principales desacuerdos que persisten en el caso Ayotzinapa. Mientras las familias de los 43 normalistas desaparecidos volvieron a exigir el sábado que el Ejército entregue alrededor de 800 folios de inteligencia, este lunes el Gobierno de México sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó una nueva búsqueda y asegura que no existe información adicional por entregar.
La diferencia está lejos de ser menor: los documentos militares constituyen una de las principales exigencias que mantienen madres y padres a 12 años de los hechos ocurridos en Iguala.
Familias: “a 12 años no tenemos respuesta”
Durante la marcha realizada el sábado en la Ciudad de México, los familiares reiteraron que, pese a los avances registrados en diferentes etapas de la investigación, todavía permanece sin respuesta la pregunta fundamental: ¿dónde están los 43 estudiantes?
Isidoro Vicario, abogado de las familias, reconoció que existen avances, pero señaló que éstos no han permitido conocer el paradero de los jóvenes. Entre las principales demandas planteadas durante la movilización estuvieron profundizar las líneas desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), recuperar el acompañamiento de expertos internacionales, concretar extradiciones pendientes y obtener la información militar que consideran incompleta.
Magdalena Maestro, madre de Antonio Santana Maestro, insistió particularmente en los aproximadamente 800 folios. Su planteamiento fue cauteloso: las familias no aseguran que esos documentos contengan la respuesta definitiva, pero consideran indispensable conocerlos para determinar si aportan información sobre lo ocurrido.
La controversia comprende específicamente documentos atribuidos al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Amnistía Internacional ha referido 853 folios y sostiene que existe una resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que ordenó proporcionar esa información.
Gobierno sostiene que Sedena ya buscó y no encontró más información
Este lunes, durante la presentación de nuevos avances del caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, ofreció una posición diferente.
Explicó que durante años anteriores fueron entregadas a las familias más de 120 mil páginas de documentación militar, además de 33 folios considerados relevantes y alrededor de 70 documentos relacionados. Añadió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sedena realizó una nueva revisión de sus archivos y comunicó que no localizó información adicional relacionada con los documentos reclamados.
El señalamiento provocó cuestionamientos durante la ronda de preguntas, precisamente porque las familias continúan reclamando esos folios y existe una controversia judicial alrededor de su entrega.
Ante las preguntas de periodistas sobre la resolución judicial referente a los documentos, Medina señaló que la comisión que encabeza y la fiscalía especial del caso no fueron parte de ese procedimiento ni notificadas sobre éste. La posición presentada por el funcionario se limitó, por tanto, a lo informado por Sedena: que realizó una búsqueda exhaustiva y no encontró más documentación.
Durante la conferencia no se exhibió evidencia documental que permita verificar públicamente que los folios reclamados nunca existieron o que toda la información solicitada ya haya sido entregada. Lo que presentó el Gobierno fue la respuesta proporcionada por la propia institución militar.
De esta manera, la discrepancia permanece abierta: las familias sostienen que existen documentos militares pendientes; Sedena afirma que no encontró información adicional.
Nuevas líneas apuntan a funerarias, teléfonos y La Barandilla
Al margen de esta controversia, el Gobierno presentó avances derivados de un nuevo análisis de millones de páginas del expediente y registros telefónicos. La Fiscalía informó que este trabajo permitió detectar 17 personas que anteriormente no habían sido identificadas dentro de determinados cruces de comunicaciones.
Una de las principales líneas se concentra en la Funeraria El Ángel y el Semefo de Iguala, donde las autoridades localizaron restos humanos, documentación irregular y un crematorio que no estaba registrado. Los análisis continúan y hasta ahora no se ha establecido que los restos examinados correspondan a alguno de los 43 estudiantes.
Otra vertiente se desprende del rastreo de teléfonos pertenecientes a normalistas. Las investigaciones sostienen que algunos aparatos fueron utilizados después de la desaparición por servidores públicos, policías o personas relacionadas con ellos.
Estos elementos reforzaron además la investigación sobre La Barandilla de Iguala, donde diversos testimonios ubican a un grupo de estudiantes antes de que fueran trasladados a un destino que continúa sin determinarse.
El Gobierno también informó que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con las videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala y los procedimientos para conseguir que personas requeridas en México comparezcan ante las autoridades.
El punto central continúa sin respuesta
Las nuevas detenciones, búsquedas, análisis telefónicos y líneas sobre funerarias representan movimientos concretos dentro de una investigación que el propio Gobierno reconoce que permanece abierta.
Sin embargo, la presentación de este lunes tampoco permitió establecer dónde están los 43 normalistas ni qué ocurrió individualmente con ellos después de su desaparición.
Y respecto a uno de los reclamos centrales de las familias, el de los documentos militares, las posiciones continúan enfrentadas: mientras madres y padres marcharon el sábado para exigir que se abran los alrededor de 800 folios, el Gobierno sostiene que Sedena volvió a revisar sus archivos y reportó que no existe más información que entregar.
A 12 años de los hechos, esa contradicción continúa formando parte de las preguntas pendientes del caso Ayotzinapa.
