Exfuncionario y su familia extorsionaban desde Metepec mediante suplantación de altos funcionarios
Metepec, Estado de México, 8 de octubre 2026.- Una investigación sobre extorsiones dirigidas a empresarios y servidores públicos permitió descubrir una presunta organización delictiva que aprovechaba contactos políticos, información confidencial y herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por altos funcionarios del gobierno mexicano.
El caso condujo a la detención de cinco personas vinculadas con una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, entre ellas un exintegrante del gabinete estatal de Michoacán, su esposa, dos hijos y un escolta.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las actividades investigadas se remontan al menos a 2021 y contemplaban la obtención de dinero, beneficios laborales y contrataciones mediante engaños que, en determinados casos, incluían amenazas.
Una red de relaciones construida desde el servicio público
El principal investigado es Luis “N”, quien desempeñó los cargos de tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013.
Su experiencia en distintas dependencias y niveles de gobierno le permitió conocer estructuras administrativas y establecer vínculos con personajes de la vida política, circunstancias que presuntamente aprovechó para desarrollar las actividades ilícitas.
Las autoridades también identificaron antecedentes penales por peculado y una inhabilitación impuesta en Michoacán.
Junto con el exfuncionario fueron detenidos Liliana “N”, identificada como su esposa; sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”; además de Agustín Arturo “N”, quien trabajaba como escolta.
De una llamada aparentemente oficial a las exigencias económicas
El mecanismo investigado comenzaba con comunicaciones dirigidas a personas cuyos datos telefónicos ya conocían los presuntos extorsionadores.
En lugar de solicitar dinero inmediatamente, se presentaban como colaboradores cercanos de figuras políticas relevantes y planteaban la necesidad de organizar una llamada privada.
Una vez que conseguían establecer comunicación, otro integrante asumía la identidad de un supuesto superior jerárquico, quien afirmaba actuar bajo instrucciones de autoridades de mayor rango.
Las peticiones podían involucrar aportaciones económicas para actividades políticas, gestiones destinadas a acelerar pagos, incorporación de personas a estructuras gubernamentales o recomendaciones para contratar determinados servicios.
Los implicados llegaron a suplantar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la Presidencia de la República, según las investigaciones.
Para construir una apariencia de legitimidad utilizaban lenguaje propio del entorno gubernamental, fotografías de personajes públicos, emblemas institucionales y conversaciones previamente preparadas.
Una de las técnicas identificadas consistía en emplear inteligencia artificial para imitar las voces de las personas cuya identidad utilizaban. También elaboraban intercambios ficticios de mensajes y audios entre supuestos funcionarios.
La Fiscalía documentó, entre otros episodios, un intento de engaño contra representantes de una compañía dedicada al desarrollo de tecnología para documentos de identificación de alta seguridad. En ese caso, los investigados pretendían ofrecer un contrato a cambio de una importante cantidad de dinero.
Una constructora habría facilitado el manejo de recursos
La investigación también permitió reconstruir parte del mecanismo financiero que presuntamente utilizaban los integrantes del grupo.
Según el comunicado conjunto, Luis “N” se encontraba registrado con restricciones en el sistema bancario mexicano debido a sus antecedentes, por lo que solicitaba que los pagos fueran entregados en efectivo.
Para las operaciones que requerían utilizar instituciones financieras, presuntamente recurría a una empresa de arquitectura y construcción perteneciente a su hija Aimee.
Las autoridades relacionan parte del dinero obtenido con la compra de inmuebles en zonas de elevada plusvalía y vehículos de alta gama.
Operativo en Metepec permitió localizar al menos 19 celulares
La investigación llevó a los agentes hasta una propiedad ubicada dentro del fraccionamiento La Providencia, señalada como el lugar desde el cual se coordinaban las actividades del grupo.
Durante un cateo efectuado en la residencia, personal ministerial aseguró numerosos teléfonos móviles, tarjetas SIM de diversas compañías y automóviles de lujo.
Entre los indicios examinados se identificó el uso de por lo menos 19 dispositivos de diferentes marcas, como Apple, Samsung y Motorola, que habían sido empleados para contactar a las víctimas.
El análisis permitió relacionar algunos números utilizados por los presuntos extorsionadores con aquellos reportados por personas afectadas.
Además, durante la intervención en el inmueble, los investigados intentaron esconder parte del equipo telefónico, de acuerdo con el reporte de las autoridades.
Permanecerán en prisión mientras avanza el proceso
Como resultado de las indagatorias desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, los cinco detenidos fueron trasladados al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El pasado martes, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”, por su probable participación en el delito de extorsión.
Los cinco quedaron sujetos a prisión preventiva justificada, mientras continúa el procedimiento penal.
El expediente comprende distintas investigaciones relacionadas con la utilización indebida de identidades de autoridades federales y estatales. La responsabilidad penal de cada imputado deberá establecerse mediante resolución judicial.
