Investigan red de contratos millonarios en el INE; hay cinco imputados
Ciudad de México, 30 de noviembre 2026.- Una investigación sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en la imputación administrativa de cinco funcionarios, mientras otros trece expedientes permanecen abiertos por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, dio a conocer estos avances durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, en la que expuso la existencia de posibles conflictos de interés y prácticas irregulares en la adjudicación de contratos.
Empresas bajo investigación acumularon contratos millonarios
Uno de los principales hallazgos presentados por el contralor apunta a cinco compañías relacionadas entre sí que obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos.
Las autoridades investigan si algunas de estas empresas participaron en procesos de contratación aparentando competir entre ellas, pese a mantener vínculos que podrían comprometer la transparencia de las adjudicaciones.
Las operaciones examinadas comprenden distintos periodos y también involucran a organismos electorales estatales, por lo que las investigaciones abarcan contrataciones anteriores a la administración más reciente del INE.
El caso alcanza al entorno de Guadalupe Taddei
Las revisiones han cobrado especial relevancia por los vínculos personales identificados entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales, y personas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del instituto.
No obstante, las autoridades no han confirmado que Taddei se encuentre entre los cinco funcionarios imputados, cuyas identidades siguen bajo reserva para proteger el desarrollo de los procedimientos.
Pendientes las resoluciones
Las cinco imputaciones corresponden a presuntas faltas administrativas graves, principalmente relacionadas con conflictos de interés y su posible ocultamiento.
Los procedimientos deberán continuar conforme a la legislación aplicable, con intervención del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la resolución de las responsabilidades que lleguen a acreditarse.
Por ahora, no se han dado a conocer sanciones definitivas contra los cinco señalados. El caso mantiene abiertas interrogantes sobre los mecanismos de contratación y supervisión de recursos en el organismo encargado de organizar las elecciones federales.
