Morena expulsa a alcaldesa de Tenancingo; crece la presión contra Nancy Nápoles
19 de noviembre 2026.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena formalizó la expulsión de Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, a raíz de un procedimiento disciplinario relacionado con las acusaciones que enfrenta por la presunta simulación de su secuestro. La decisión también la deja fuera de la dirigencia estatal del partido, aunque no modifica su situación como presidenta municipal.
La sanción figura en el Registro Nacional de Sancionados de Morena, con el número 801 y el expediente CNHJ-MEX-374/2026. El documento establece la cancelación permanente de su afiliación, además de su destitución como presidenta del Consejo Estatal, responsabilidad partidista que desempeñaba desde 2022.
La resolución se conoce en medio de nuevas exigencias ciudadanas para que Nápoles abandone el gobierno municipal, así como de investigaciones sobre posibles irregularidades en las finanzas del ayuntamiento.
Las disposiciones internas que sustentan la expulsión
El registro oficial señala que la medida fue adoptada con fundamento en los incisos A, B, C y F del artículo 53 del Estatuto de Morena.
Estas disposiciones contemplan faltas relacionadas con actos de corrupción y ausencia de probidad, transgresiones a los documentos básicos del partido, incumplimiento de obligaciones internas y conductas contrarias a sus principios y lineamientos.
Aunque la CNHJ identifica estos fundamentos para justificar la sanción, el registro público no desarrolla los hechos específicos ni las pruebas que fueron valoradas durante el procedimiento.
La expulsión constituye una determinación disciplinaria del partido y no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

De una denuncia de secuestro a una investigación contra la alcaldesa
El origen del expediente penal se encuentra en los acontecimientos del pasado 31 de mayo, cuando Nancy Nápoles denunció haber sido secuestrada en Tenancingo.
De acuerdo con su declaración inicial, los responsables exigían 40 millones de pesos para liberarla.
Sin embargo, las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) condujeron a una hipótesis diferente. La institución sostiene que la privación de la libertad habría sido simulada mediante un acuerdo en el que presuntamente participaron José Roberto “N” y Óscar “N”, identificados como esposo y cuñado de la funcionaria.
Según la investigación ministerial, el objetivo habría sido justificar un supuesto faltante de recursos públicos por la misma cantidad exigida como rescate.
La Fiscalía documentó comunicaciones entre personas investigadas, examinó grabaciones y reconstruyó desplazamientos relacionados con los hechos. Posteriormente ejerció acción penal contra los presuntos involucrados.
La presidenta municipal ha rechazado las imputaciones y mantiene que realmente sufrió un secuestro. También niega la existencia del presunto faltante económico.
Observaciones del OSFEM y protestas ante el Congreso
En paralelo al expediente penal, la administración de Tenancingo enfrenta cuestionamientos derivados de los resultados de fiscalización de sus cuentas públicas.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reportó 163 observaciones relacionadas con el cumplimiento financiero del ejercicio 2025.
Las revisiones identificaron inconsistencias en distintos ámbitos de la administración, incluidos pagos de personal, procedimientos de contratación, adquisiciones y documentación justificativa de gastos.
Adicionalmente, una auditoría de legalidad examinó 27 contratos municipales y documentó deficiencias en procedimientos de adjudicación y comprobación de bienes o servicios.
Estos señalamientos deben continuar su trámite administrativo antes de establecer posibles responsabilidades. Las auditorías no acreditan por sí mismas el presunto desfalco de 40 millones de pesos mencionado en la investigación del secuestro.
En este contexto, el miércoles, integrantes del Colectivo Tenancingo, encabezados por Javier Calzada, acudieron al Congreso del Estado de México para solicitar la separación de la alcaldesa y exigir una investigación sobre el manejo de los recursos municipales.
La agrupación también reclamó información sobre la situación de los familiares de Nápoles señalados por la Fiscalía.
¿Por qué Nancy Nápoles continúa como presidenta municipal?
Aunque perdió su afiliación a Morena, Nancy Nápoles conserva el cargo para el que fue electa durante el proceso electoral de 2024.
En el ámbito judicial, un juez la vinculó a proceso en julio por su probable participación en la simulación del secuestro. Sin embargo, autorizó una suspensión condicional del procedimiento durante seis meses, bajo determinadas obligaciones y medidas de supervisión.
Por ese motivo, la funcionaria continúa en libertad y no existe una sentencia condenatoria en su contra.
La cancelación de su militancia tampoco implica automáticamente la pérdida de su cargo de elección popular, cuya eventual separación requeriría una determinación de las autoridades competentes conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Hasta este jueves, no se ha confirmado una resolución que ordene su destitución del Ayuntamiento de Tenancingo.
De esta forma, la sanción de Morena representa una consecuencia política concreta del caso, mientras permanecen abiertos los cuestionamientos financieros, las demandas ciudadanas y la definición judicial de las acusaciones contra la presidenta municipal.
