Localizan sin vida a mando de la Marina involucrado en caso de huachicoleo fiscal
8 de septiembre 2025.- El reciente hallazgo del cuerpo sin vida del capitán de la Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, ha puesto aún más en el foco la investigación sobre huachicoleo fiscal que involucra a altos mandos navales, empresarios y exfuncionarios de aduanas y la Secretaría de Marina.
A continuación, un recuento del caso, con los nombres de los principales involucrados y las declaraciones oficiales sobre el suceso.
Contexto del caso: ¿Qué es el huachicoleo fiscal?
El huachicoleo fiscal es una práctica ilícita que implica la importación de combustibles evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A diferencia del robo físico de combustible de ductos, este esquema opera mediante maniobras administrativas en aduanas, usando documentación falsa o empresas fachada para declarar hidrocarburos como otros productos —por ejemplo, aditivos o lubricantes— con el fin de evitar el pago de impuestos.
Este delito provoca pérdidas millonarias al erario público y distorsiona el mercado energético.
En marzo de 2025, las autoridades decomisaron más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, lo que inició una investigación que reveló una red de contrabando de combustible operada por empresarios, funcionarios de aduanas y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). A partir de entonces, comenzaron los operativos para desmantelar dicha red.
El hallazgo del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez
Este lunes, Pérez Ramírez —titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira— fue encontrado sin vida en una camioneta oficial dentro del puerto. Según fuentes federales, el hecho fue clasificado de forma preliminar como suicidio, cometido con un arma de fuego.
El capitán estaba bajo investigación por su presunta participación en la red de huachicoleo fiscal. Un testigo colaborador de la FGR lo señaló de haber recibido sobornos de 100 mil pesos para permitir la descarga de un buque con combustible ilegal en Tampico, en abril de 2024, cuando era responsable de la unidad en ese puerto.
Aunque no existía una orden de aprehensión formal en su contra, su nombre aparecía en la carpeta de investigación de la FGR. Pérez Ramírez era ingeniero en Ciencias Navales egresado de la Heroica Escuela Naval Militar (1995) y había ocupado diversos cargos, entre ellos oficial de inspección en puertos del Golfo (2015-2019), coordinador de logística naval (2019-2022) y jefe de Protección Portuaria de Altamira desde 2023.
Involucrados de alto perfil
Uno de los principales detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, capturado el 7 de septiembre de 2025 junto con otras 13 personas, entre ellas cinco marinos en activo, uno en retiro, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas.
Farías Laguna es sobrino político de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (2018-2024), al estar casado con una sobrina de este último. Por tal motivo, también llegó a sonar como un posible sucesor del Secretario de Marina.
Según la investigación, Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, encabezaban la red, pagando hasta 1.75 millones de pesos por buque a subordinados —incluido Pérez Ramírez— para permitir descargas de combustible ilegal en Tampico y Altamira.
Un testigo colaborador, el exdirector de la Aduana de Tampico Alejandro Torres Joaquín, declaró que entregó personalmente 100 mil pesos a Pérez Ramírez como parte de estos sobornos, dinero que provenía de un intermediario identificado como “NK” (Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado y actualmente prófugo).
La investigación también ha vinculado a Farías Laguna con el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció en 2024 la manipulación de designaciones en aduanas. Guerrero fue asesinado en noviembre de ese año en Manzanillo, Colima, en un caso que la FGR sigue investigando.
Declaraciones oficiales y avances en la investigación
La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento de Pérez Ramírez y expresó condolencias a su familia. Señaló que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos, sin detallar las causas de la muerte.
Por su parte, la FGR asumió el caso por tratarse de un elemento naval y por haber ocurrido en instalaciones federales, investigando para confirmar que se trató de un suicidio.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló que la investigación comenzó hace dos años a partir de una denuncia de Rafael Ojeda Durán, quien solicitó investigar a todo el personal de la Semar involucrado en actividades ilícitas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch recalcó que los actos de corrupción de individuos no representan a la institución, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación llegará “hasta donde tope” y no habrá impunidad.
Hasta el momento, la FGR ha detenido a 14 personas, ha incautado 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos en un predio de Altamira, además de investigar otro decomiso de 8 millones de litros en Ensenada, Baja California.
Novedades y perspectivas
La muerte de Pérez Ramírez ha generado dudas sobre su impacto en la investigación, ya que no había orden de captura en su contra. No obstante, las autoridades mantienen que su fallecimiento no detendrá el proceso.
La detención de Farías Laguna —sobrino político de Ojeda Durán— ha puesto el caso bajo mayor escrutinio público, aunque se subraya que fue el propio Ojeda quien denunció las irregularidades que dieron origen a la investigación.
Con más de 200 objetivos identificados, se espera que la FGR siga ejecutando detenciones y aseguramientos en los próximos meses.
