Comunidad indígena de Valle de Bravo denuncia persecución y despojo en carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia
Pobladores piden revisar procesos legales que, aseguran, buscan despojarlos de su territorio
Toluca, Estado de México, 12 de marzo 2026.- Habitantes del poblado indígena de Santo Tomás El Pedregal, en el municipio de Valle de Bravo, enviaron una carta abierta al magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que denuncian presuntas irregularidades judiciales, conflictos agrarios y un proceso de despojo territorial que, según afirman, afecta desde hace años a su comunidad.
El documento fue firmado por Maribel Reyes González, quien expone que ella y otros habitantes del lugar han enfrentado procesos judiciales que consideran injustificados, así como presiones institucionales y conflictos legales derivados de disputas por la propiedad de tierras en esa zona del sur del Estado de México.
Señalamientos de criminalización y procesos judiciales prolongados
En la carta, la autora afirma que varios integrantes de su familia y vecinos han sido citados de forma recurrente a audiencias en juzgados de Valle de Bravo, Temascaltepec y Toluca para responder por presuntos delitos que califican como infundados.
De acuerdo con el testimonio, estos procesos se han prolongado durante varios años y han implicado gastos legales y afectaciones económicas para las familias involucradas, particularmente para personas adultas mayores que, según señala el documento, han tenido que destinar recursos personales para su defensa jurídica.
La denunciante sostiene que las acusaciones forman parte de un conflicto relacionado con la propiedad de terrenos que, afirma, históricamente pertenecen a la comunidad indígena local.
Conflicto por tierras y presunta intervención de actores privados
El escrito señala como presuntos responsables del conflicto a particulares de apellido Quintanilla y a ejecutivos vinculados con la institución financiera Banca Mifel, a quienes acusa de impulsar acciones legales y otras presiones para apropiarse de tierras que la comunidad considera parte de su patrimonio.
Según la carta, el conflicto ha derivado en la pérdida de más de cien hectáreas de territorio, además de daños a zonas agrícolas y a recursos naturales, incluyendo la afectación de un manantial y de áreas de cultivo.
La denunciante también sostiene que maquinaria pesada fue utilizada para destruir aproximadamente diez hectáreas de siembra, lo que habría afectado el sustento tradicional de varias familias.
Reclamos por falta de atención institucional
En el documento se acusa a diversas dependencias y autoridades de distintos niveles de gobierno de no atender el conflicto agrario durante décadas. Entre las instituciones mencionadas se encuentran organismos federales y estatales relacionados con temas agrarios, agua y justicia.
La autora afirma que la comunidad ha presentado denuncias, documentos y pruebas ante distintas instancias, sin que hasta ahora se haya resuelto el fondo del conflicto ni se haya concluido el procedimiento agrario que, según sostiene, permitiría otorgar certeza jurídica a los habitantes del poblado.
También señala que en el pasado se enviaron solicitudes de intervención a autoridades federales y estatales, sin que, según su versión, se obtuvieran resultados concretos.
Impacto ambiental y expansión inmobiliaria
Otro de los puntos planteados en la carta es el impacto ambiental derivado del desarrollo inmobiliario en la región. La denunciante sostiene que el territorio en disputa forma parte de una zona natural protegida, donde la expansión de fraccionamientos campestres habría provocado pérdida de bosque, flora y fauna.
Según el documento, la comunidad atribuye estos procesos a lo que describe como una “expansión inmobiliaria” que, aseguran, ha avanzado en distintas zonas de Valle de Bravo y municipios cercanos.
Organización comunitaria y guardias para proteger el territorio
Frente a la situación descrita, los habitantes de Santo Tomás El Pedregal informaron que crearon el Colectivo Pro Defensa y Conservación del Agua, Bosques, Flora, Fauna, Territorio y Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Santo Tomás El Pedregal (COCODEFI).
La organización comunitaria, de acuerdo con la carta, representa a alrededor de 500 habitantes y busca defender los recursos naturales y el territorio que consideran propio. También señalaron que han establecido guardias comunitarias para vigilar las zonas que aún permanecen bajo control de la comunidad.
La petición incluye revisar las presuntas irregularidades en los procedimientos legales y contribuir, desde el ámbito judicial, a que se resuelvan los conflictos agrarios que mantienen en disputa la propiedad de las tierras.
La carta concluye con un llamado para que las autoridades garanticen certeza jurídica y condiciones de justicia para los habitantes del poblado indígena de Santo Tomás El Pedregal.
