Magistrado del Poder Judicial del Estado de México es acusado de orquestar fraudes procesales para beneficiar a su familia
- Una denuncia detalla cómo el juzgador habría utilizado su propio domicilio para desviar notificaciones judiciales, permitiendo que su suegra ganara un juicio sin presentar ninguna prueba.
Toluca, Estado de México, 13 de mayo 2026.- El 10 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, ordenó turnar el expediente 1330/2022 para dictar sentencia definitiva. La notificación se realizó al día siguiente, el 11 de agosto. Sin embargo, la resolución ya estaba emitida el lunes 14 de agosto, apenas tres días después de que el proceso fuera formalmente cerrado para ese fin.
La legislación procesal civil establece que el término ordinario para dictar sentencias definitivas es de quince días hábiles a partir de la citación para ese efecto. La sentencia se produjo en una fracción mínima de ese plazo y, lo que agrava la situación, fue emitida a favor de la parte actora sin que esta hubiera ofrecido ni desahogado ningún medio de prueba durante el juicio. En documentos en poder de Línea por Línea queda constancia de las fechas de las actuaciones procesales que acreditan esta secuencia.
El magistrado en el centro del esquema: su domicilio como trampa procesal
Quienes presentaron la denuncia —Marina Colín Flores, Ángel Daniel Flores Reyes y Magali Estrada Martínez— señalan como autor intelectual al magistrado José Luis Maya Mendoza, integrante del Poder Judicial del Estado de México, esposo de Eva Colín Flores e hijo político de Antonia Florencia Flores Reyes, quien figura como parte actora en el juicio impugnado.
La acusación más concreta apunta a una maniobra en la etapa de emplazamiento. En enero de 2023, Antonia Florencia Flores Reyes indicó ante el juzgado un domicilio en el municipio de Lerma como residencia de los demandados. Los denunciantes sostienen que esa dirección no corresponde a ninguno de ellos, sino al propio domicilio del magistrado Maya Mendoza.
En documentos en poder de Línea por Línea queda constancia de que la dirección señalada coincide punto a punto con la que el propio magistrado tiene registrada en su credencial de elector emitida por el INE. Asimismo, obra en esa documentación que el magistrado Maya Mendoza compareció en dos ocasiones ante el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca —el 25 de agosto de 2021 y el 14 de junio de 2023—, declarando bajo protesta de decir verdad que esa era su dirección de residencia.
La notificadora, la persona que recibió y el emplazamiento cuestionado
El 21 de febrero de 2023, la notificadora adscrita al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma acudió al domicilio indicado para llevar a cabo el emplazamiento de los demandados, en el marco del exhorto 73/2023 derivado del expediente 1330/2022. En documentos en poder de Línea por Línea queda constancia de que la razón de emplazamiento registra que una persona del sexo femenino —quien se identificó como Marina Colín Flores— recibió la notificación en ese domicilio.
Cuatro meses después de ese emplazamiento, el magistrado Maya Mendoza compareció nuevamente ante una autoridad judicial en Toluca y ratificó, también bajo protesta de decir verdad, que ese mismo inmueble en Lerma seguía siendo su domicilio actual. Los denunciantes señalan que esto demuestra que los demandados nunca fueron notificados de manera real, pues las diligencias se recibieron en casa del magistrado y no en los domicilios propios de las personas involucradas en el litigio.
El juicio de origen: una firma presuntamente falsificada y un juzgado distante
El expediente 1330/2022 se originó el 29 de septiembre de 2022, cuando Antonia Florencia Flores Reyes presentó una demanda de nulidad de contrato de compraventa ante el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, reclamando la invalidez de una operación celebrada en julio de 2010. La demanda se apoyó en un contrato de fecha 1 de diciembre de 2002, cuyas firmas, según los denunciantes, son apócrifas: tanto la del vendedor como la de la testigo habrían sido falsificadas.
El inmueble en disputa se ubica en el municipio de Acambay. Los denunciantes sostienen que la elección del juzgado de Jilotepec —territorialmente alejado de las partes— fue deliberada, con el propósito de que los demandados no tuvieran conocimiento del proceso.
Sin pruebas, con sentencia favorable
Uno de los señalamientos procesales más graves es la ausencia total de pruebas por parte de quien resultó ganadora en el juicio. En documentos en poder de Línea por Línea queda constancia de que, durante el plazo de ofrecimiento de pruebas —del 14 al 20 de abril de 2023—, Antonia Florencia Flores Reyes no presentó ningún medio de convicción, y de que no existe cuaderno de pruebas a su nombre en el expediente.
No obstante, el Juzgado Segundo Civil de Jilotepec habría continuado la secuela procesal y dictado sentencia definitiva a su favor, resolución que los denunciantes atribuyen a instrucciones directas del magistrado Maya Mendoza, quien —señalan— habría utilizado su cargo para influir sobre juzgadores de primera instancia.
Lo que está en juego
Los firmantes denuncian corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad, y sostienen que el objetivo final del esquema fue despojarlos de bienes inmuebles de su propiedad para transferirlos a la esposa y suegra del magistrado.
La situación plantea preguntas que corresponde responder a las instancias disciplinarias del Poder Judicial del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia estatal y, en su caso, a los propios juzgados donde se ventilaron los procedimientos señalados.
