UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa ligados a ‘Los Chapitos’
Ciudad de México, 18 de mayo 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este lunes la incorporación de diversas Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como parte de una medida administrativa y preventiva orientada a proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano; concretamente se trataría del gobernador Rubén Rocha Moya, allegados y otros funcionarios vinculados al narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de los EEUU.
La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, y posteriormente notificada a las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A partir de esa comunicación, los bancos contaron con un plazo aproximado de 10 días hábiles para ejecutar la inmovilización de cuentas y activos.
Cómo se originaron las alertas
Los reportes bancarios conocidos como “LPB 24 horas” se activaron automáticamente luego de señalamientos públicos realizados por autoridades estadounidenses en una corte federal de Nueva York. En dichas menciones se relacionó a algunos de los involucrados con presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Debido a que las instituciones financieras mexicanas mantienen relaciones de corresponsalía con bancos de Estados Unidos, las referencias públicas detonaron mecanismos internos de supervisión y cumplimiento, lo que derivó en la intervención preventiva de la UIF.
Quiénes aparecen en la medida
Entre las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.
- Sus hijos: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
- El senador Enrique Inzunza Cázarez.
- El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
- Otros funcionarios y exfuncionarios relacionados con áreas de seguridad y administración estatal.
En total, la acción alcanza a cerca de una decena de personas vinculadas con el gobierno estatal.
Qué implica el bloqueo financiero
La inclusión en la LPB implica la suspensión total de operaciones bancarias, lo que impide realizar retiros, transferencias, pagos o cualquier otro movimiento financiero dentro del sistema nacional. Además, los activos identificados quedan congelados mientras se desarrollan los análisis correspondientes.
La UIF precisó que esta medida no constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal, sino que forma parte de un mecanismo preventivo de protección al sistema financiero. Asimismo, señaló que las personas involucradas conservan sus garantías procesales, incluido el derecho de audiencia y la posibilidad de promover recursos administrativos o judiciales.
Reacciones y panorama del caso
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente la necesidad de esclarecer la situación, subrayando que el procedimiento responde a mecanismos técnicos y automáticos del sistema financiero.
Hasta ahora, no se han informado acciones penales adicionales por parte de la Fiscalía General de la República ni impugnaciones públicas inmediatas de los involucrados.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la sensibilidad del sistema financiero mexicano frente a alertas internacionales y el alcance de los mecanismos automáticos de prevención de riesgos. Tanto en México como en Estados Unidos, las investigaciones continúan abiertas, por lo que podrían registrarse nuevas actualizaciones conforme avancen los procedimientos legales y los análisis de inteligencia financiera.
