Trump exige a México procesar a funcionarios corruptos
17 de septiembre 2026.- Donald Trump volvió a incluir a México en la lista de países considerados de tránsito o producción de drogas ilícitas y reclamó mayores acciones contra las organizaciones criminales y los funcionarios públicos que les brinden apoyo.
La determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027 fue enviada por Trump al Congreso de Estados Unidos el lunes y difundida al día siguiente por el Departamento de Estado. México aparece nuevamente entre las 23 naciones identificadas por factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas y precursores químicos.
La inclusión en este listado no representa por sí misma una evaluación negativa de las acciones emprendidas por el gobierno del país señalado. El propio documento establece que la presencia de una nación en la relación no refleja necesariamente las medidas adoptadas por sus autoridades ni el nivel de cooperación que mantienen con Estados Unidos.
Trump reconoce avances, pero exige más acciones
En el apartado correspondiente a México, Trump reconoce algunas acciones emprendidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas el incremento en los decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue adicional de elementos policiales y militares en la frontera entre ambos países.
El documento también señala que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha contribuido a la eliminación de algunos de los líderes de cárteles considerados más notorios, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, a quien el documento identifica como abatido durante un operativo federal en febrero de este año.
No obstante, aunque reconoce esas medidas, la determinación plantea que México debe adoptar acciones adicionales contra las organizaciones que el gobierno estadounidense denomina “narcoterroristas”.
El documento sostiene que esos grupos mantienen control sobre amplias zonas del territorio mexicano y continúan representando una amenaza para la población estadounidense.
Entre las medidas solicitadas se encuentra el fortalecimiento de la integridad de las cadenas de suministro mediante una mayor participación del sector privado, así como un incremento significativo de las inspecciones en los puntos de entrada a Estados Unidos.
También plantea aumentar la inversión destinada a las fuerzas de seguridad, al considerar insuficientes los recursos disponibles para mantener y ampliar las operaciones contra estas organizaciones, sus finanzas y sus redes.
Uno de los señalamientos más directos está dirigido contra funcionarios públicos. La determinación plantea la necesidad de exponer, arrestar y procesar a funcionarios corruptos que, según el documento, hayan ayudado o facilitado las actividades de los cárteles y hayan puesto en riesgo la seguridad y soberanía de México.
El texto no identifica a personas concretas ni vincula esta exigencia con casos específicos.
La permanencia de México en la lista tampoco genera por sí misma obligaciones jurídicas vinculantes para el gobierno mexicano ni establece sanciones automáticas.
Se trata de un instrumento mediante el cual el presidente de Estados Unidos presenta anualmente al Congreso una evaluación sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, dentro del marco legal estadounidense.
Antecedentes de la presión contra los cárteles mexicanos
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, su administración designó a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ampliando las herramientas legales disponibles en Estados Unidos para perseguir a quienes les proporcionen apoyo.
En abril de este año, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los involucrados habrían conspirado con la facción conocida como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para facilitar el envío de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición. Rocha Moya negó las acusaciones, tomó licencia temporal y posteriormente retomó sus funciones.
Durante 2025 y 2026, el gobierno mexicano también ha transferido a autoridades estadounidenses a decenas de personas identificadas como integrantes de alto impacto de distintos cárteles, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
