EEUU sanciona dos redes mexicanas de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa
OFAC bloquea operaciones y bienes ligados al financiamiento del narcotráfico
20 de mayo de 2026.- Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de una docena de individuos y entidades mexicanas pertenecientes a dos redes distintas dedicadas al lavado de dinero y facilitación de operaciones del Cártel de Sinaloa.
Las medidas fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y contemplan el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir a personas y empresas de EE.UU. realizar transacciones con los señalados.
Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es interrumpir los flujos financieros que permiten al cártel movilizar recursos obtenidos principalmente por el tráfico de fentanilo y otras drogas.
Red vinculada a Los Chapitos utilizaba criptomonedas
Una de las estructuras sancionadas operaba mediante el uso de criptomonedas y estaba ligada a la facción conocida como Los Chapitos.
El presunto líder identificado por OFAC es Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado de recolectar efectivo en Estados Unidos procedente de ventas de fentanilo, cocaína y metanfetamina, convertirlo en criptoactivos y transferirlo posteriormente al cártel en México.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés tomó un papel central tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, operador previamente sancionado por autoridades estadounidenses.
Entre las personas y entidades designadas destacan:
- Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como intermediario en transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares, relacionado con la recolección de dinero en EE.UU. y operaciones de distribución de drogas; enfrenta un proceso judicial en Colorado desde 2024 y fue detenido en México en 2023.
- Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad y cobrador de deudas, además de controlar mediante presuntos testaferros la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua.
- Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, identificadas como presuntas prestanombres.
Segunda red operaba desde hace años en varios estados de EE.UU.
La segunda estructura sancionada corresponde a una red de tráfico y lavado de dinero con operaciones documentadas desde hace varios años.
Su presunto líder es Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, quien permanece prófugo. Las autoridades estadounidenses lo señalan por traficar metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos desde al menos 2007.
Según OFAC, la organización mantenía células de distribución en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
González Peñuelas ya había sido sancionado previamente bajo la Ley Kingpin en 2021, y actualmente existe una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por la DEA y el Departamento de Estado para lograr su captura.
Otros integrantes sancionados en esta red incluyen a:
- Cástulo Bojorquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Saenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Las autoridades los relacionan con actividades de producción, distribución de drogas y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.
Parte de la estrategia financiera contra el Cártel de Sinaloa
Las sanciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025.
Las acciones buscan limitar el acceso de estas redes al sistema financiero internacional y aumentar la presión sobre instituciones bancarias y plataformas de criptoactivos para evitar operaciones con los señalados.
Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado detenciones inmediatas derivadas específicamente de esta designación. Jesús González Peñuelas continúa prófugo, mientras las sanciones de OFAC permanecen activas como mecanismo de presión financiera contra las estructuras de lavado vinculadas al narcotráfico.
